En lugar de legislar contra el progreso, sería más sensato debatir cómo implementar el autoabastecimiento de forma segura, capacitar al personal para nuevas funciones, mejorar la tecnología de las estaciones y avanzar hacia una ciudad más eficiente, moderna y alineada con los estándares internacionales
Por SIN CODIGO
En una provincia que lucha por sacarse de encima el estigma del atraso y la improvisación, un grupo de legisladores de la oposición ha presentado un proyecto que parece más propio del siglo pasado: prohibir el autoabastecimiento de combustibles en estaciones de servicio.
La iniciativa, presentada por Claudio Viña (Compromiso Tucumán), con el acompañamiento de la radical Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán), plantea impedir que los conductores puedan cargar ellos mismos nafta o gasoil, como si esto fuera una práctica riesgosa, clandestina o propia de países sin regulación.
“Esta iniciativa se sustenta en razones prioritarias de seguridad para las personas, el ambiente y el patrimonio material. La manipulación de hidrocarburos líquidos tales como naftas y gasoil conlleva riesgos inherentes de inflamabilidad, explosión, inhalación de vapores tóxicos y derrames, que deben ser controlados exclusivamente por personal capacitado, equipado y entrenado para tales fines”, expresaron en los fundamentos.
El mundo ya lo hace. Tucumán, ¿va a prohibirlo?
En Estados Unidos, desde hace más de 50 años la gran mayoría de las estaciones de servicio funcionan con autoabastecimiento. Los usuarios cargan el combustible, pagan con tarjeta o efectivo, y siguen su camino sin necesidad de personal de playa. En España, desde principios de los años 2000 el modelo de autoservicio es moneda corriente y está regulado con estrictos protocolos de seguridad.
Más cerca en el tiempo, Uruguay, Chile y Brasil también han adoptado este modelo, que permite reducir costos operativos, optimizar el tiempo de los usuarios y modernizar un servicio que, en muchos lugares, ya no requiere intervención humana constante.
Un proyecto anacrónico presentado por legisladores tucumanos
¿Prohibir algo que funciona en el mundo desarrollado? No sólo es anacrónico, sino que evidencia una mirada conservadora, desconectada de las necesidades actuales de una ciudad que quiere –y necesita– modernizarse.
Tucumán no es un pueblo -aunque muchos políticos lo ven como tal-. San Miguel de Tucumán es una ciudad de casi un millón de habitantes, con congestión vehicular, problemas de infraestructura urbana y una economía que no puede seguir sosteniendo estructuras obsoletas por mero capricho político o sindical.
En lugar de legislar contra el progreso, sería más sensato debatir cómo implementar el autoabastecimiento de forma segura, capacitar al personal para nuevas funciones, mejorar la tecnología de las estaciones y avanzar hacia una ciudad más eficiente, moderna y alineada con los estándares internacionales.
El progreso no se prohíbe
Tucumán debe salir de la lógica de la traba permanente. No se puede seguir legislando con la mirada puesta en el retrovisor, como si el avance tecnológico fuera una amenaza en vez de una oportunidad.
En tiempos donde se discute la eficiencia del Estado, la reconversión del trabajo y el acceso a servicios modernos, impedir una práctica que ya se usa en el mundo entero es simplemente una mala decisión. Tucumán no puede seguir atrapada en discusiones del Siglo XX. Hay que mirar para adelante.
