El Juez lo consideró responsable de los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad por la ocupación del edificio en junio de 2025
El Juez Federal Sebastián Ramos procesó este sábado al dirigente social Juan Grabois por la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025, y le impuso un embargo de $5 millones sobre sus bienes. La resolución lo acusa de los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en una causa impulsada tras la toma del edificio que dependía del Ministerio de Capital Humano.
En la misma resolución también fue procesado el militante Valentín Peralta, señalado como uno de los participantes del episodio.
La investigación sostiene que Grabois ingresó junto a un grupo de manifestantes al inmueble sin autorización, cuando el edificio permanecía cerrado, y permaneció allí durante varias horas. Según el magistrado, la prueba reunida -entre testimonios, registros audiovisuales y fotografías- permitió tener por acreditada su participación en los hechos.
Además, Ramos consideró que el dirigente social alentó la permanencia de los manifestantes dentro del Instituto e incitó a enfrentar al personal policial que intervino para desalojar el lugar.
Durante el operativo se produjeron incidentes que terminaron con efectivos heridos y daños en las instalaciones. Las constancias médicas incorporadas al expediente reflejan que varios policías sufrieron traumatismos de distinta consideración mientras intentaban recuperar el control del edificio.
La defensa de Grabois rechazó las acusaciones y sostuvo que el dirigente se presentó en el lugar únicamente en su condición de abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico “Un Café con Perón”, ubicado junto al Instituto.
Sin embargo, el Juez descartó ese planteo y sostuvo que las pruebas incorporadas al expediente muestran que el referente del Frente Patria Grande permaneció dentro del inmueble y tuvo un rol activo durante la ocupación.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Uno de los expedientes vinculados al caso permanece en la Corte Suprema, donde desde noviembre del año pasado se analiza un recurso presentado por la defensa de Grabois para impedir que la Justicia acceda al contenido del teléfono celular que le fue secuestrado al momento de su detención.
El Fiscal Carlos Rívolo solicitó que el análisis del dispositivo se limite exclusivamente a las comunicaciones relacionadas con los días previos y posteriores a la ocupación, preservando aquellas alcanzadas por el secreto profesional derivado de su actividad como abogado.
En paralelo, Capital Humano pidió nuevas medidas de prueba para identificar al resto de las personas que participaron de la toma del edificio.
Cómo fue la ocupación
La toma del Instituto Perón ocurrió luego de que el Gobierno anunciara el cierre del organismo. Ese 7 de junio de 2025 un grupo de militantes ingresó al edificio para rechazar la decisión oficial, lo que derivó en un operativo de desalojo de la Policía Federal.
Grabois fue detenido en el lugar tras un forcejeo con los efectivos y recuperó la libertad horas después. Al salir, calificó el procedimiento como una persecución política y cuestionó la decisión del Gobierno de disolver el Instituto.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que el organismo demandaba un elevado costo de funcionamiento y señalaron que su patrimonio histórico fue preservado para ser trasladado a otros organismos públicos, entre ellos la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.
El procesamiento dispuesto por Ramos representa el primer avance judicial contra Grabois por una ocupación de este tipo y todavía puede ser apelado por su defensa ante la Cámara Federal.
