Un consorcio presentó una oferta de US$340 millones para quedarse con el 90% de la empresa estatal. Aunque la cifra quedó por debajo de las expectativas oficiales, el Gobierno pretende utilizar esos fondos para cumplir con sus compromisos financieros.
El Gobierno nacional avanzó este jueves en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una operación que forma parte de la estrategia económica del ministro Luis Caputo para obtener dólares y afrontar los próximos vencimientos de deuda.
Durante la apertura de las ofertas económicas, el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. presentó la propuesta más elevada, de US$340 millones, superando los US$285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio.
Sin embargo, el monto quedó por debajo de las expectativas del Ministerio de Economía, que estimaba recaudar entre US$450 millones y US$500 millones.
La operación contempla la transferencia del 90% de las acciones de AySA, empresa responsable de los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto con una concesión por 30 años.
Además, el futuro operador deberá cumplir un plan de inversiones de $2,89 billones entre 2027 y 2031.
Los dólares de AySA, una pieza del plan económico
La privatización se produce en un contexto de importantes compromisos financieros para la Argentina.
Según las estimaciones económicas, durante los últimos meses de 2026 el país deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por aproximadamente US$2.500 millones, mientras que para 2027 las obligaciones de deuda soberana ascenderían a unos US$26.000 millones.
Frente a este escenario, el Gobierno incorporó las privatizaciones como una de las fuentes de financiamiento previstas para sostener su programa económico.
El esquema oficial contempla obtener US$800 millones mediante privatizaciones durante 2026 y otros US$1.500 millones en 2027.
¿Qué falta para concretar la venta?
Aunque la oferta de US$340 millones es la más alta presentada, la adjudicación todavía no es definitiva.
La propuesta deberá atravesar una evaluación técnica y administrativa, además de las revisiones correspondientes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro.
Si el procedimiento avanza sin inconvenientes, la firma del contrato podría concretarse en aproximadamente un mes, momento en el que el Estado recibiría los fondos.
La privatización de AySA representa un avance en la política de reducción de la participación estatal en empresas públicas, pero también deja planteado un desafío económico: los dólares que ingresen permitirán aliviar parcialmente las necesidades financieras del Tesoro, aunque estarán lejos de cubrir los importantes vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a combinar privatizaciones, financiamiento de organismos internacionales y nuevas herramientas de deuda para sostener su programa económico durante los próximos meses.