Una pareja que buscaba dinero para sostener su emprendimiento familiar terminó atrapada en una presunta maniobra de usura y extorsión. Según la Fiscalía, los damnificados entregaron dinero, una motocicleta y un teléfono celular, pero las exigencias continuaron. Dos hombres fueron imputados: uno quedó con prisión preventiva y el otro con arresto domiciliario
Lo que comenzó como un préstamo para afrontar dificultades económicas terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para una familia tucumana. Una pareja que había solicitado $6 millones para mantener su emprendimiento denunció que, pese a haber entregado aproximadamente $16 millones, continuó recibiendo exigencias de dinero y amenazas, incluso con un arma de fuego.
El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que avanzó con la imputación de dos hombres, de 34 y 37 años, por presuntos delitos vinculados con usura agravada y extorsión.
La gravedad de los hechos denunciados llevó a la Justicia a disponer 45 días de prisión preventiva para uno de los acusados, mientras que el segundo deberá cumplir arresto domiciliario.
De un préstamo de $6 millones a una deuda que parecía no tener fin
Según la investigación, la historia comenzó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando una pareja acudió a prestamistas particulares para conseguir $6 millones destinados a sostener un emprendimiento familiar.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía una solución financiera se habría transformado en una sucesión de exigencias económicas.
La Fiscalía sostiene que los acusados comenzaron a reclamar pagos con intereses presuntamente abusivos, incrementando la presión sobre los deudores.
Con el paso de los meses, la familia habría entregado aproximadamente $16 millones entre dinero en efectivo y transferencias bancarias, una suma que supera ampliamente el capital recibido.
Pero eso no fue todo. De acuerdo con la acusación, los damnificados también entregaron una motocicleta y un teléfono celular como parte de las exigencias de los prestamistas. Pese a esos pagos, los reclamos no habrían terminado.
Amenazas con un arma de fuego
Uno de los episodios más graves denunciados ocurrió el pasado 12 de octubre, en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 2000, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.
Según la hipótesis fiscal, los acusados se presentaron en el domicilio y amenazaron a integrantes de la familia con un arma de fuego para exigir nuevos pagos.
Este episodio fue uno de los elementos considerados por los investigadores para avanzar con las imputaciones y solicitar medidas de coerción.
La Fiscalía entiende que las conductas denunciadas podrían exceder ampliamente un conflicto entre particulares por una deuda y constituir delitos penales.
Dos imputados y medidas de prisión preventiva
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.
Tras analizar los elementos presentados durante la audiencia, la Justicia resolvió dictar 45 días de prisión preventiva para el principal acusado. Para el segundo imputado se dispuso arresto domiciliario, mientras continúa la investigación. Las medidas tienen carácter cautelar y no constituyen una condena.
Ambos hombres conservan su presunción de inocencia hasta que la Justicia determine sus responsabilidades mediante una sentencia.
¿Existen más víctimas?
Uno de los interrogantes que deberá esclarecer la investigación es si los hechos denunciados constituyen un caso aislado o si los acusados habrían utilizado mecanismos similares con otras personas.
Los investigadores también deberán profundizar el análisis de las transferencias, los pagos realizados y los bienes que, según la denuncia, fueron entregados por la familia.
La causa pone nuevamente bajo la lupa los riesgos de los préstamos informales cuando las condiciones económicas derivan en presuntas prácticas abusivas.
Pedir dinero prestado no constituye un delito, como tampoco lo es reclamar legítimamente una deuda. Lo que investiga la Justicia es si los intereses exigidos fueron usurarios y si se utilizaron amenazas para obtener pagos.
Por ahora, el expediente continúa abierto y los fiscales deberán reunir nuevas pruebas para establecer el alcance de las presuntas maniobras.
La historia de esta familia tucumana deja un dato contundente: por un préstamo inicial de $6 millones, aseguran haber entregado alrededor de $16 millones, una motocicleta y un teléfono celular, sin conseguir que terminaran las exigencias.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si detrás de esa deuda existió una maniobra delictiva de usura y extorsión.