La creciente presencia de perros sueltos en calles, avenidas y rutas de Tucumán volvió a encender el debate sobre la tenencia responsable de animales y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse cuando una mascota provoca un accidente de tránsito, lesiones a personas o ataques a otros animales.
Especialistas en derecho advierten que la legislación argentina establece obligaciones concretas para los propietarios y prevé responsabilidades tanto en el ámbito civil como, en determinadas circunstancias, en el penal. Además, los municipios y organismos públicos también pueden ser responsabilizados cuando intervienen animales callejeros sin dueño identificado.
Según la abogada María Ester Villagra explica que el propietario o guardador de un animal responde por los daños que éste ocasione cuando existe negligencia en su cuidado. La profesional recordó que permitir que un perro circule libremente por la vía pública puede generar consecuencias económicas y judiciales de gran magnitud.
Qué establece el Código Civil y Comercial
El Código Civil y Comercial de la Nación dispone que quien tiene bajo su guarda un animal debe responder por los daños que éste provoque a terceros. En la práctica, esto significa que si un perro muerde a una persona, ocasiona un siniestro vial o produce daños materiales, la víctima puede iniciar una demanda para reclamar una indemnización.
Los reclamos pueden incluir los gastos médicos, tratamientos de rehabilitación, medicamentos, reparación de vehículos, atención veterinaria cuando intervienen otras mascotas, pérdida de ingresos laborales y compensaciones por daño moral, siempre que los perjuicios puedan acreditarse durante el proceso judicial.
Posibles consecuencias penales
Si bien la mayoría de estos casos se tramitan en la Justicia Civil, cuando la conducta del propietario evidencia una grave imprudencia y el hecho provoca lesiones o la muerte de una persona, la situación puede derivar en una investigación penal.
En esos escenarios, la Justicia analiza si existió una conducta negligente que haya contribuido al resultado dañoso, pudiendo investigarse delitos previstos en el Código Penal relacionados con lesiones u homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
Los especialistas remarcan que cada expediente es analizado individualmente y que será la Justicia quien determine la eventual responsabilidad penal del dueño del animal.
Razas potencialmente peligrosas y normas municipales
Diversas ordenanzas municipales exigen medidas especiales para determinadas razas consideradas potencialmente peligrosas, entre ellas Rottweiler, Dogo Argentino y Doberman, que deben ser trasladadas con correa y, en muchos casos, con bozal. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas, actuaciones ante los Tribunales de Faltas y otras sanciones administrativas, independientemente de las acciones civiles o penales que puedan corresponder si ocurre un incidente.
¿Quién responde cuando el perro no tiene dueño?
Uno de los escenarios más complejos se presenta cuando el animal involucrado no posee un propietario identificado. En esos casos, la responsabilidad puede recaer sobre el Estado cuando se acredita una deficiente prestación del servicio de control animal o de seguridad pública. Si el hecho ocurre dentro del ejido urbano, la Justicia puede evaluar la actuación del municipio correspondiente.
Cuando el accidente sucede en una ruta concesionada con peaje, la empresa concesionaria podría ser demandada si se demuestra que incumplió su obligación de mantener condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios. En rutas nacionales o provinciales sin concesión, la eventual responsabilidad dependerá de los organismos competentes de Vialidad y de las circunstancias específicas del hecho.
Qué hacer si ocurre un incidente
Especialistas recomiendan preservar todas las pruebas posibles: fotografiar el lugar del hecho, identificar al animal y a eventuales testigos, solicitar asistencia médica cuando existan lesiones y realizar la denuncia policial correspondiente. Esa documentación suele resultar determinante para una eventual investigación judicial o un reclamo indemnizatorio.
Un problema de seguridad y convivencia
El aumento de episodios protagonizados por perros sueltos mantiene en alerta a vecinos y autoridades. Desde distintos sectores insisten en que la tenencia responsable no sólo constituye una obligación ética hacia los animales, sino también un deber legal destinado a proteger la integridad de las personas y prevenir accidentes que pueden derivar en importantes consecuencias judiciales para los propietarios.