En el oficialismo aseguran que la medida tuvo alta adhesión en Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego “a pedido de los gobernadores”
El primer paro docente realizado tras la entrada en vigencia de la Reforma Laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial mostró un comportamiento dispar según las provincias. Mientras el Gobierno registró un alto nivel de acatamiento en distritos gobernados por la oposición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, en otras jurisdicciones la actividad fue prácticamente normal.
La jornada quedó atravesada, además, por un conflicto entre la Nación y la Administración bonaerense por los controles que intentó realizar la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos por la ley, que fijó un piso del 75% en la asistencia de los maestros a las aulas.
El Gobierno Nacional desplegó durante toda la jornada un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente cuando fue posible obtener esa información y una serie de observaciones sobre lo ocurrido en cada institución. “Hacen un paro contra el Gobierno, cuando los que pagan los salarios son las provincias. Apuntan a Nación, cuando los que deciden cuánto se paga corresponde a cada gobernador”, explicaron desde el Ejecutivo.
Los primeros resultados muestran diferencias marcadas entre jurisdicciones. En la Casa Rosada sostienen que el mayor nivel de adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el impacto de la medida fue muy reducido y la mayoría de las escuelas relevadas permanecieron abiertas. También en Chaco el acatamiento fue sensiblemente menor. Al igual que en Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Malestar con las provincias peronistas
Desde el Poder Ejecutivo denunciaron que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias que lideradas por gobernadores peronistas e incluso, una importante fuente del Gabinete responsabilizó a Axel Kicillof de circular un comunicado interno incitando a que los docentes se plieguen a la protesta.
“Estamos dando una batalla cultural enorme porque el culpable de que los docentes de la provincia ganen lo que ganen es Kicillof. Es él el que tiene que pagar y manda a los docentes a hacer paro contar Nación”, arremetieron desde la administración libertaria.
A raíz de la medida de protesta anunciada, las autoridades de Capital Humano convocaron a un encuentro del Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para accionar ante la posibilidad de que se violara la Ley de Modernización Laboral que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en caso de paro debido a que la educación fue declarada por el Gobierno como un servicio esencial.
La disposición se encuentra contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, en la que se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de algunos servicios calificados como imprescindibles, se debe garantizar una cobertura del porcentaje señalado.
Tras los reclamos, desde el oficialismo aclararon que el Estado no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que las provincias y los gremios se sienten a “dialogar” para alcanzar un acuerdo con el sector.
Por su parte, a través de su cuenta de X, Pettovello planteó que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, luego de anunciar que el ministerio se encargaría de cumplir con la garantía de las clases.
Pese a que el articulado contemplado en la Ley de Modernización laboral fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, la administración libertaria apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación y logró la vigencia de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En los hechos, el requisito implica la presencia de docentes, directivos, auxiliares y trabajadores necesarios en las escuelas para asegurar el normal dictado de clases.