Otro alivio judicial para la Argentina: Irlanda rechaza un reclamo de fondos por YPF

Es la primera Corte extranjera que se pronuncia a favor del Estado argentino en el litigio por la expropiación; en paralelo, en Nueva York siguen abiertas las apelaciones contra la millonaria sentencia

El Estado argentino obtuvo una nueva victoria en las cortes internacionales: la Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar en ese país el fallo por la expropiación de YPF, solicitado por los fondos demandantes Burford Capital y Eaton Park.

Los litigantes buscaban que se reconociera y aplicara en Irlanda la sentencia dictada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses. Ese fallo, sin embargo, aún se encuentra en instancia de apelación.

Burford y Eaton Park promovieron acciones similares en otras jurisdicciones, pero la Justicia irlandesa fue la primera en pronunciarse y sentar un precedente favorable para el Estado argentino.

“Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, señaló la Procuración del Tesoro.

Por su parte, fuentes cercanas al fondo Burford, que compró el derecho a demandar al país tras la quiebra de las empresas Petersen, dijeron: “Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”.

La decisión llega después de otro revés para los demandantes: el viernes pasado, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden que obligaba al Estado a entregar el 51% de YPF a los fondos, hasta tanto se resuelvan las apelaciones en curso.

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