La Legislatura de Tucumán vuelve a quedar en el centro de la tormenta por el manejo de sus recursos. En una provincia marcada por urgencias sociales profundas, el oficialismo provincial insiste en ensayar defensas que, lejos de transparentar la gestión pública, terminan por oscurecerla
Esta vez fue el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse quien asumió el rol de justificar el colosal presupuesto del cuerpo unicameral, compuesto por solo 49 representantes.
El misterio del sueldo legislativo: Entre el “aproximadamente” y el secretismo
Al igual que lo hizo en su momento el vicegobernador Miguel Acevedo, los voceros del poder político evitan la precisión matemática cuando se trata de sus propios bolsillos. Ante la consulta periodística sobre cuánto percibe netamente un legislador tucumano, Vargas Aignasse evitó dar una cifra exacta, “los legisladores ganamos entre 4 y 5 millones (de pesos, mensualmente)” respondió.
Esa falta de certezas en los números oficiales no es casual; alimenta el histórico manto de dudas sobre los ingresos reales y los “extras” que perciben los representantes del pueblo.
La trampa del 3,5%: Minimizar el escándalo
Con un tono que rozó el orgullo, el legislador oficialista argumentó que el presupuesto del Poder Legislativo representa “solo” el 3,5% del presupuesto total de la provincia. Lo que Vargas Aignasse intentó presentar como un gasto menor o austero es, en realidad, una anomalía escandalosa si se lo compara con el mapa federal argentino. La enorme mayoría de las provincias argentinas destina menos del 2% de sus presupuestos generales a sus legislaturas.
Distritos notablemente más grandes que Tucumán, con mayor territorio, población y esquemas parlamentarios bicamerales (Diputados y Senadores), gastan proporcionalmente casi la mitad que la provincia de Tucumán.
Para dimensionar el volumen de dinero, vale recurrir a los datos duros. Según un informe proyectado por la Fundación Libertad, la Legislatura de Tucumán —la provincia más chica en extensión territorial del país— ha llegado a manejar un presupuesto anualizado que supera incluso al de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de la Argentina y poseedor de dos cámaras legislativas. Se calcula por legislador en el empobrecido Tucumán $2.735.448.663 por año, según el presupuesto 2025.
El “agujero negro” de la ayuda social y el clientelismo
¿En qué se gasta el resto del dinero si no es en las dietas de los 49 legisladores? La explicación de Vargas Aignasse apunta a dos frentes: el mantenimiento del edificio y la gigantesca estructura de empleados. Sin embargo, el núcleo del debate radica en lo que el propio legislador dejó entrever de manera elíptica: los gastos sociales.
Aquí es donde el relato oficial se quiebra por su propio peso. Si el Poder Ejecutivo ya cuenta con partidas millonarias y ministerios específicos destinados a la contención social, ¿por qué los legisladores deben administrar fondos millonarios bajo ese mismo concepto?
La respuesta que subyace en el análisis político es la de siempre: el uso discrecional de fondos públicos para hacer campaña, aceitar estructuras partidarias y mantener el aparato político del oficialismo y sus aliados.
La conclusión a la que se podría llegar es que el ajuste, en Tucumán, no pasa por la política.
La defensa de la caja parlamentaria por parte de los legisladores tucumanos -de mayoría peronista- vuelve a ratificar que los discursos de austeridad quedan en la puerta del palacio legislativo.
Sin auditorías rigurosas, sin control de gastos y con un reparto absolutamente discrecional, la Legislatura de Tucumán sigue funcionando como un agujero negro financiero. En la provincia más pequeña del país, el ajuste lo hacen los ciudadanos; la corporación política prefiere no tocar sus privilegios.
