La víctima tenía 70 años, vivía sola en pleno centro de San Miguel de Tucumán y fue encontrada inconsciente en su domicilio. Falleció después de permanecer internado durante más de un mes. Una mujer está acusada de haberle suministrado clonazepam para sustraerle dinero, dólares y joyas. La Justicia prorrogó el arresto domiciliario de los dos imputados y una junta médica podría cambiar la calificación del caso a homicidio en ocasión de robo
La Justicia de Tucumán investiga un caso que conmociona por sus características y que podría terminar convirtiéndose en una causa por homicidio en ocasión de robo. Un jubilado, de 70 años, fue encontrado prácticamente sin signos vitales en su vivienda de Barrio Norte, luego de haber recibido la visita de una mujer que, según la hipótesis fiscal, lo habría drogado para robarle.
La víctima fue identificada como Fernando José Luis Gutiérrez, quien residía en una propiedad ubicada en calle Santa Fe al 400, en San Miguel de Tucumán.
El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2025, pero la investigación sumó una novedad judicial: los dos imputados deberán continuar bajo arresto domiciliario hasta el próximo 21 de diciembre de 2026.
Mientras tanto, los investigadores esperan una junta médica que será determinante para establecer si existe una relación directa entre el medicamento presuntamente suministrado y la muerte del jubilado.
Un desayuno al que nunca llegó y el dramático hallazgo
Gutiérrez tenía una rutina que cumplía prácticamente todos los días: concurría a desayunar a un bar cercano a su domicilio. Sin embargo, aquel 11 de noviembre no apareció.
La ausencia llamó la atención de uno de sus sobrinos, quien horas después se presentó en la vivienda para retirar un vehículo que guardaba en el garaje. Al ingresar, se encontró con una escena desesperante: su tío estaba desvanecido y prácticamente sin signos vitales.
Los familiares lo trasladaron de urgencia a una clínica privada, donde permaneció internado hasta el 14 de diciembre de 2025, cuando finalmente falleció.
Mientras el hombre recibía atención médica, sus allegados descubrieron que en la vivienda faltaban joyas de oro, un teléfono celular y una suma de dólares que todavía no pudo determinarse.
La familia presentó una denuncia y comenzó una investigación que permitió reconstruir las últimas horas del jubilado antes de perder el conocimiento.
Una mujer, una gaseosa y un medicamento
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, con la intervención de personal de Homicidios y especialistas del Equipo Científico de Investigación Fiscal.
Las cámaras de seguridad permitieron establecer que una mujer había ingresado a la vivienda de Gutiérrez y se había retirado tiempo después.
A partir de esas imágenes y de pericias telefónicas, los investigadores identificaron a dos sospechosos. La principal imputada es Adriana Elizabeth Páez, de 52 años.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, la mujer habría aprovechado que el jubilado vivía solo para ofrecerle un vaso de gaseosa mezclado con clonazepam, un medicamento sedante.
La hipótesis de los investigadores sostiene que la sustancia habría reducido la capacidad de reacción de Gutiérrez, permitiéndole a la sospechosa apoderarse de un teléfono celular, un anillo de oro, dinero en efectivo y dólares.
Por el momento, Páez está imputada por robo. Todavía no se acreditó judicialmente que el presunto suministro del medicamento haya provocado el fallecimiento.
Un segundo acusado por vender el celular robado
En la investigación también aparece Leonardo Sánchez, de 35 años, imputado por encubrimiento agravado por ánimo de lucro.
La Fiscalía sostiene que Sánchez habría recibido el teléfono celular sustraído al jubilado, con conocimiento de su procedencia ilícita.
Según la acusación, colocó un chip de su propiedad en el aparato y comenzó a utilizarlo. Posteriormente, el 10 de enero de 2026, lo habría vendido a otra persona.
Esa conducta motivó su imputación, aunque no se le atribuye haber participado directamente en el presunto suministro del medicamento.
Una junta médica podría cambiar completamente la causa
La novedad más importante se conoció durante una audiencia judicial realizada el jueves 12 de noviembre.
El auxiliar fiscal Alejandro Andole explicó que todavía debe realizarse una junta médica para determinar qué consecuencias pudo haber tenido el clonazepam en el organismo del jubilado.
El objetivo es establecer si la sustancia presuntamente administrada desencadenó el cuadro de salud que terminó provocando su fallecimiento.
Si los especialistas determinan que existe una relación causal entre el medicamento y la muerte, la Fiscalía podría solicitar que la principal acusada sea imputada por homicidio en ocasión de robo. Se trata de una calificación penal considerablemente más grave que la acusación actual de robo.
Sin embargo, hasta que se conozcan los resultados médicos, esa posibilidad continúa siendo una hipótesis de investigación.
Los dos imputados seguirán con arresto domiciliario
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantuvieran las medidas cautelares contra Páez y Sánchez.
El argumento central fue que todavía existen riesgos procesales, especialmente la posibilidad de que los acusados entorpezcan las medidas de investigación pendientes.
La Jueza interviniente aceptó el planteo y prorrogó el arresto domiciliario de ambos hasta el 21 de diciembre de 2026.
De esta manera, los investigadores dispondrán de más tiempo para completar las pericias médicas y avanzar en el esclarecimiento del caso.
La pregunta que la Justicia todavía debe responder
La muerte de Fernando José Luis Gutiérrez presenta un interrogante fundamental: ¿el jubilado falleció como consecuencia del medicamento que presuntamente le suministraron durante el robo o existieron otros factores médicos que provocaron su deceso? La respuesta será decisiva para determinar el futuro de la investigación.
Por ahora, la Justicia tiene dos personas imputadas por delitos vinculados al robo y una muerte cuyas circunstancias todavía no fueron esclarecidas por completo.
La junta médica será la pieza clave para establecer si lo que comenzó como una investigación por un robo contra un adulto mayor termina convirtiéndose en una causa por homicidio en ocasión de robo.