El economista y referente libertario Nahuel Ríos detalló las claves del proyecto del espacio para achicar la burocracia provincial, evitar la superposición de tareas entre Provincia y municipios y transparentar las cuentas públicas. Qué dicen de los empleados públicos
El espacio de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán impulsa una propuesta integral de reforma del Estado provincial centrada en reducir el gasto público, agilizar los trámites mediante la digitalización y reestructurar el organigrama del Poder Ejecutivo, tomando como espejo las medidas implementadas por el Gobierno nacional.
En declaraciones sobre los ejes del proyecto, Nahuel Ríos sostuvo la necesidad de transformar la Administración Pública tucumana para volverla más eficiente y transparente.
Un esquema ministerial unificado: la idea del “Ministerio de Capital Humano” provincial
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reorganización del Gabinete tucumano. LLA plantea concentrar áreas que actualmente funcionan de manera independiente para evitar disputas presupuestarias y coordinar mejor las políticas públicas.
Capital Humano provincial: Ríos propuso replicar el modelo nacional para integrar bajo una sola conducción las carteras de Educación, Salud y Asistencia Social. Segun argumentó, una gestión unificada permitiría abordar estas problemáticas con una visión estratégica conjunta en lugar de competir por recursos.
Integración productiva: Asimismo, el planteo incluye revisar la separación de las áreas de Economía, Producción e Infraestructura, con el objetivo de que las obras públicas respondan de forma directa a un plan de desarrollo productivo.
Digitalización integral: “El Estado, desde el celular”
La iniciativa libertaria busca llevar la atención ciudadana a entornos 100% remotos para eliminar la burocracia presencial y el uso innecesario de papel en dependencias oficiales, tanto en el Gobierno provincial como en los municipios y comunas.
“No es concebible que en el año 2026 tengamos que hacer trámite presencial en cualquier nivel del Estado”, cuestionó Ríos, aunque reconoció que para concretar esta meta será imprescindible mejorar la infraestructura de conectividad en el interior de la provincia.
Control del gasto en la Legislatura y delimitación de funciones
La propuesta también pone la lupa sobre el Poder Legislativo y la relación entre la Provincia y los municipios:
Estructura legislativa: La iniciativa no propone reducir el número de bancas parlamentarias, sino transparentar y auditar la estructura administrativa que rodea a la Legislatura (asesores, personal de planta y presupuesto de funcionamiento). “Estudio temas de presupuesto de Tucumán hace 10 años y nunca pude conseguir el número final de cuántas personas trabajan en la Legislatura”, advirtió el economista.
Evitar la duplicación de tareas: Para controlar el crecimiento del gasto estatal, Ríos remarcó la importancia de delimitar con precisión las competencias de cada estamento. Puso como ejemplo la creación de policías o guardias urbanas municipales ante falencias provinciales en seguridad, señalando que la superposición de funciones agranda la estructura estatal sin garantizar un mejor servicio al ciudadano.
Bajar el gasto y después los impuestos
La reforma del Estado está vinculada directamente con la propuesta impositiva de LLA. Ríos sostuvo que no sería posible reducir impuestos sin modificar previamente la estructura del gasto. En ese sentido, cuestionó especialmente el peso de Ingresos Brutos sobre la actividad económica.
La intención es avanzar hacia un sistema impositivo “sencillo” y con menor presión sobre quienes producen, invierten y generan empleo.
Según el economista, Tucumán necesita crear condiciones para que aumente la cantidad de empresas privadas y se reduzcan los niveles de desempleo y subempleo.
Estimó que unas 100.000 personas se encuentran actualmente en alguna de esas dos situaciones y consideró que la provincia debería apostar especialmente por el desarrollo de los servicios y por convertirse en un centro logístico del Norte argentino.
La obra pública
La reforma también alcanza a la infraestructura. En este punto, Ríos planteó que algunas obras podrían ser realizadas mediante inversión privada y mencionó como referencia el sistema de concesiones utilizado en Chile.
La idea sería que una empresa privada pueda financiar, por ejemplo, la construcción de una ruta y recuperar posteriormente la inversión mediante el cobro de un peaje.
Sin embargo, reconoció que existen obras que difícilmente resulten atractivas para un privado y que, por sus características, deberían continuar bajo responsabilidad del Estado.
Entre ellas aparecen las obras destinadas a prevenir inundaciones. En ese sentido, cuestionó que en Tucumán se hayan presupuestado en distintas oportunidades obras de infraestructura que finalmente no fueron ejecutadas.
Según explicó, el problema no siempre estaría en la falta de recursos, sino también en el nivel de ejecución de las partidas destinadas a inversión.
Qué pasará con los empleados públicos
Uno de los interrogantes que abrió la propuesta es qué sucedería con los empleados públicos. Ríos buscó diferenciar entre los trabajadores que cumplen funciones esenciales y aquellos vinculados a la estructura administrativa.
“Empleado público es un policía, es un docente, es un médico que está dentro de los hospitales públicos”, señaló. Para LLA, esas áreas forman parte de las funciones prioritarias que debe garantizar el Estado y, por lo tanto, no serían el principal objetivo de la reducción.
La discusión estaría concentrada en la estructura administrativa, los organismos y las funciones que, según el espacio, pueden reorganizarse para reducir costos.
El objetivo final, según Ríos, es que ese ahorro permita avanzar hacia una menor presión impositiva y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para la inversión y el empleo privado. “Lo que queremos es un Estado razonable para lo que se plantea”, resumió.