En el PJ tucumano, hoy por hoy, no miran tanto a la Casa Rosada como sí a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por estos lares, la declinación de Alberto Fernández a pelear por la reelección es observada como una mera anécdota política a resolver por el Frente de Todos en el plano nacional.
Aquí la dirigencia peronista está más atenta a lo que pueda decidir el máximo tribunal nacional sobre los planteos judiciales de la oposición para inhabilitar a Manzur como candidato a vicegobernador y para suspender los comicios del 14 de mayo, alegando que la convocatoria viola la Constitución de 2006. Reina la incertidumbre y sobrevuela el temor a que los jueces de la Nación fallen en contra de los intereses políticos y electorales del oficialismo.
Sin embargo, hay que hacer una distinción, a Manzur y a Jaldo les desvelan causas diferentes: al primero le preocupa más que le impidan aspirar a la vicegobernación, mientras que al tranqueño lo asusta más que se frene la votación del 14 de mayo. Uno porque quiere usar la elección como trampolín para jugar en la liga política nacional y el otro porque se desvive por convertirse en gobernador de la mano del voto popular. El sueño de Jaldo tiene varios lustros y está ahí nomás de concretarlo, está a la vuelta de la esquina, a escasos 21 días de ser realidad. En ese marco, la frustración puede ser para ambos, o sólo para uno de ellos. Sus anhelos y carreras políticas están en manos de la Corte nacional, a la que, por cierto, le quedan también tan solo tres semanas para involucrarse en el proceso y disponer alguna resolución respecto de las demandas de la oposiciónEl máximo tribunal puede convertirse en un actor político involuntario o puede sentar jurisprudencia con sus eventuales sentencias sobre el caso Tucumán.
El desafío también es para los jueces supremos: intervienen o se desentienden. Tal vez les resulte más fácil impedir que el gobernador pueda candidatearse a vicegobernador que suspender un proceso electoral en marcha, porque debería ir en contra de decisiones tomadas por la Justicia provincial. Si finalmente esto último es lo que ocurre habrá que detenerse a leer atentamente los fundamentos de ese posible fallo para analizar cómo ataca las decisiones judiciales locales y cómo las defenestra para voltear el trámite electoral y para postergar la elección de autoridades. El Partido de la Justicia Social, el del intendente Germán Alfaro, pidió que se deje sin efecto la convocatoria a sufragar en mayo entendiendo que se halla en contradicción con lo dispuesto por la Carta Magna tucumana, que dispone que los comicios deben realizarse con una antelación no mayor a dos meses de la conclusión del mandato; o sea en agosto. Como se recordará la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo consideró inconstitucional esta disposición. Por eso resultará más que interesante prestar atención a los fundamentos de una posible sentencia de la Corte nacional disponiendo la suspensión de la votación. ¿Es posible? Los temores en el oficialismo desnudan que sí, donde ansían que las horas y los días pasen aceleradamente y que se llegue a la votación sin mayores tropiezos. Si bien Jaldo es quien más le presta atención a este aspecto -porque será el mayor afectado-, también la dirigencia mira con preocupación esta situación. Básicamente porque en el PJ la logística y los gastos de la campaña electoral -léase distribución de recursos entre los diferentes acoples- están calculados en función de que la votación se haga el 14 de mayo, no después.
Toda la estructura territorial del PJ está dispuesta para funcionar ese día, no luego, menos en agosto, cuando la gestión provincial puede quedar entrampada en los efectos negativos de la crisis económica nacional, que pinta grave. Casualmente, lo que se pretendió al citar a los ciudadanos a ir a las urnas en mayo fue, precisamente, alejarse de la elección nacional para mantenerse bien distante del contagio y del eventual arrastre cuesta abajo de la gestión de los Fernández.La Corte podría arruinar de un plumazo -si se involucra y resuelve en contra de los intereses del oficialismo tucumano- toda la organización, la logística y la distribución de los recursos para sostener la campaña de las colectoras y de la lista oficial, y también dejaría pegado al oficialismo a la suerte electoral del Frente de Todos en el plano nacional, entre las primarias abiertas y la elección general. Peor panorama, imposible. Justo lo que quieren evitar. Tanto daño haría como para que la oposición se frote las manos pensando en tal sentencia, e insista para que la Corte se avoque prontamente a las demandas judiciales. Si bien Alfaro promovió ambos planteos -suspensión de la convocatoria y de inhabilitación de la postulación de Manzur a la vicegobernación-, seguramente a los opositores les debe atraer más que se frene la votación, pues les otorgaría más tiempo para profundizar una campaña proselitista de instalación y de penetración de sus candidatos.
fuente: Lagaceta
