Lo que comenzó como un control de rutina en la ciudad de Aguilares terminó destapando una de las investigaciones por tráfico ilegal de armas más importantes de los últimos años y puso a Tucumán en el centro de una trama con ramificaciones internacionales
La Justicia Federal investiga a una armería ubicada en pleno centro de San Miguel de Tucumán que habría sido utilizada como parte de un mecanismo destinado a desviar armas adquiridas legalmente hacia organizaciones criminales que operan en Chile y otros países de la región. La causa ya derivó en más de 140 allanamientos en todo el país y decenas de detenidos.
La investigación se inició en diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron en Aguilares a dos ciudadanos chilenos que viajaban en un colectivo rumbo a Mendoza. Durante la requisa encontraron ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores sin documentación que acreditara su procedencia ni autorización para transportarlas. Ese hallazgo abrió una pesquisa que permitió reconstruir la denominada “ruta de las armas”.
Según la acusación, empleados de una armería de calle Chacabuco al 100 y un instructor de tiro habrían montado un sistema para simular operaciones legales de compra y venta de armamento. El mecanismo consistía en captar personas habilitadas como legítimos usuarios para adquirir armas a su nombre y luego incorporarlas al circuito clandestino.
Los investigadores sostienen que varios de esos compradores actuaban como prestanombres. Las armas quedaban registradas formalmente a su nombre, pero terminaban siendo revendidas ilegalmente mediante intermediarios hasta llegar a manos de organizaciones criminales. Algunas de las pistolas secuestradas a los ciudadanos chilenos estaban precisamente registradas a nombre de estos supuestos compradores.
La causa tomó una dimensión aún mayor cuando se conectó con una investigación nacional encabezada por la Fiscalía especializada en Crimen Organizado. Los pesquisas descubrieron una estructura que operaba en varias provincias comprando armas en el mercado legal para luego desviarlas al mercado negro nacional e internacional.
De acuerdo con los investigadores, el destino final de gran parte del armamento era Chile, donde grupos vinculados al narcotráfico buscaban abastecerse de armas de fuego. También surgieron indicios de conexiones con organizaciones criminales de Brasil, Paraguay y Uruguay.
Como resultado de los procedimientos realizados en distintas provincias, las fuerzas federales secuestraron un verdadero arsenal: pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, ametralladoras, más de 40.000 municiones e incluso explosivos y elementos para la recarga de proyectiles.
La investigación continúa y la Justicia aguarda los resultados de peritajes sobre teléfonos celulares y documentación secuestrada para determinar el grado de responsabilidad de los sospechosos. Mientras tanto, el caso expone una realidad alarmante: cómo armas compradas legalmente en Argentina pueden terminar alimentando el poder de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
