La disputa por una eventual nueva candidatura del gobernador de Tucumán sumó un capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación giró a la Procuración General la presentación de partidos opositores que cuestionan la interpretación del Artículo 90 de la Constitución provincial. El dictamen será un paso importante, aunque todavía no existe una decisión sobre el fondo de la controversia
La discusión sobre la posible reelección de Osvaldo Jaldo en 2027 llegó a una nueva instancia en la Justicia Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a la Procuración General el planteo presentado por sectores de la oposición tucumana, que buscan determinar si el actual gobernador está constitucionalmente habilitado para competir por otro mandato.
El expediente quedó ahora en manos del procurador general interino, Eduardo Casal, quien deberá emitir una opinión jurídica sobre la competencia del Máximo Tribunal para intervenir en el caso.
La medida no implica que la Corte haya aceptado los argumentos opositores ni que haya declarado inválida una eventual candidatura de Jaldo.
¿Qué cuestiona la oposición?
La presentación fue impulsada por sectores vinculados a Cambia Tucumán, Fuerza Republicana, CREO y el PRO.
El planteo gira alrededor del Artículo 90 de la Constitución provincial, que regula la duración de los mandatos y las posibilidades de reelección del gobernador y vicegobernador.
Los opositores cuestionan la interpretación que permitiría a Jaldo presentarse nuevamente en 2027, teniendo en cuenta que fue vicegobernador durante el período 2019-2023 y asumió como gobernador en diciembre de 2023.
Para quienes impulsan la demanda, ambos períodos deben ser considerados al analizar los límites constitucionales a la continuidad en el Poder Ejecutivo.
La posición de Jaldo
El gobernador sostiene que se encuentra habilitado para buscar un nuevo mandato. Su interpretación se apoya en las disposiciones de la Constitución tucumana y en el alcance que corresponde otorgar a los períodos ejercidos como vicegobernador y gobernador.
La controversia adquiere especial relevancia porque una eventual resolución judicial podría definir las condiciones de participación de Jaldo en las elecciones provinciales de 2027.
¿Qué debe resolver ahora la Procuración?
Eduardo Casal deberá analizar si corresponde que la Corte Suprema intervenga directamente en el conflicto planteado. Su dictamen será una opinión jurídica que los ministros del Máximo Tribunal podrán considerar al momento de resolver, pero no tendrá carácter vinculante.
Por lo tanto, todavía no se está ante una sentencia que determine si Jaldo puede o no presentarse a las próximas elecciones.
Una disputa judicial con impacto político
La presentación llega en un escenario de creciente actividad política de cara a 2027, cuando Tucumán deberá renovar sus principales autoridades.
Mientras el oficialismo provincial sostiene la posibilidad de una nueva candidatura del gobernador, distintos espacios opositores buscan que la Justicia establezca los límites constitucionales antes del proceso electoral.
La cuestión central es determinar cómo deben computarse los mandatos de quienes ocuparon sucesivamente la Vicegobernación y la Gobernación.
Por ahora, la discusión sigue abierta. El próximo paso será el dictamen de la Procuración y, posteriormente, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre su intervención en el expediente.
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