Para recuperar credibilidad, el Poder Judicial debe funcionar sin condicionamientos
La corrupción en América Latina es un fenómeno habitual, generando mayor preocupación en entidades como los cuerpos de Policía y la Justicia Penal. Sobre esta última, Transparencia Internacional (TI) define la corrupción judicial como “toda influencia inapropiada ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales sobre la imparcialidad del proceso judicial”.
La concepción clásica del Estado de Derecho se basa en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual todos los poderes públicos se controlan entre sí, para evitar el abuso de poder por parte de uno de ellos. La rama más débil del poder público es la rama judicial.
¿Cuáles son las causas de la debacle del poder judicial? En primer lugar, los procesos de selección, que están determinados políticamente y con convocatorias que son en apariencia abiertas pero que, al final, dependen de la valoración subjetiva de quienes seleccionan a los candidatos y de quienes eligen a los jueces.
Los miembros de las altas cortes son seleccionados por el poder legislativo o por cuerpos dependiente de él, con lo que se afecta la independencia del poder judicial y se les pone en riesgo de ser permeables a las presiones de los congresistas o de intereses a los que ellos representan.
Adicionalmente, la proliferación de facultades de derecho, con malos profesores y con pésima formación académica y ética, hace que quienes terminan llegando a los cargos de jueces no estén bien preparados moral y jurídicamente, y que vean en el cargo judicial una oportunidad para enriquecerse en el menor tiempo posible.
La percepción de la corrupción en la Justicia de Tucumán, como en otras provincias argentinas, ha sido un tema recurrente en el debate público y mediático. Si bien no se puede afirmar categóricamente que “toda” la Justicia de la provincia sea corrupta, existen casos y situaciones que han generado cuestionamientos y desconfianza en la población.
Cuáles son los factores que alimentan estas percepciones:
Casos mediáticos de corrupción: En Tucumán, han surgido denuncias relacionadas con la injerencia política en decisiones judiciales, favoritismos y manejos irregulares. Ejemplos como el manejo de elecciones, casos de violencia institucional, o procesos judiciales que se perciben como lentos o parcializados, han erosionado la confianza.
Falta de independencia judicial: Tucumán, como otras provincias, ha sido señalada por organismos y analistas por la influencia de sectores políticos en el Poder Judicial, lo que limita su autonomía.
Desigualdad en el acceso a la justicia: Muchas personas en Tucumán sienten que la Justicia actúa de manera diferente según el poder económico o político de los involucrados.
Percepción pública: Según encuestas y estudios nacionales sobre la confianza en las instituciones, el sistema judicial argentino en general tiene índices bajos de aprobación, lo que también impacta la imagen de Tucumán.
A pesar de estas percepciones, en Tucumán hay jueces, fiscales y organismos que trabajan para mejorar la transparencia y la confianza. También se han impulsado reformas para modernizar el sistema judicial y promover mayor rendición de cuentas.
Si bien hay evidencias de corrupción y desafíos estructurales en la Justicia de Tucumán, generalizar puede ser injusto para quienes trabajan con integridad dentro del sistema. La solución pasa por fortalecer la independencia judicial, garantizar procesos transparentes y sancionar a quienes actúan de manera corrupta.
Falta tanto…
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