El archivo de la denuncia penal no significa que se haya resuelto la disputa por la elección del rector. Lo que resolvió el Juez es que la Junta Electoral no cometió un delito al suspender el proceso electoral para acatar una medida cautelar. La discusión sobre la validez de la candidatura de Sergio Pagani continúa en la Justicia
La prolongada disputa por la elección de rector de la Universidad Nacional de Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial. El Juez Federal José Manuel Díaz Vélez resolvió archivar la denuncia penal presentada contra los integrantes de la Junta Electoral, al considerar que no existió delito cuando el organismo decidió suspender el proceso electoral tras la medida cautelar que frenó la candidatura del actual rector, Sergio Pagani.
La resolución hace suyo el dictamen del Fiscal Federal Agustín Chit, quien concluyó que la Junta Electoral actuó dentro de sus obligaciones legales al acatar una orden emanada de la Cámara Federal de Apelaciones. En consecuencia, la Justicia descartó que los integrantes del organismo hayan incurrido en desobediencia judicial, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos que habían sido denunciados por los ex candidatos Miguel Cabrera y Virginia Abdala.
El fallo representa un fuerte respaldo a la actuación institucional de la Junta Electoral, que había decidido suspender la Asamblea Universitaria y todo el cronograma correspondiente a la elección de rector y vicerrector para cumplir con la cautelar judicial que impedía avanzar con la candidatura de Pagani hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
Sin embargo, el archivo de la causa penal no pone fin a la crisis institucional que atraviesa la UNT. La universidad continúa sin poder elegir a sus máximas autoridades y permanece a la espera de una definición judicial sobre la legalidad de la candidatura de Pagani y sobre la interpretación del Estatuto Universitario respecto de la posibilidad de ejercer mandatos consecutivos.
En otras palabras, la Justicia consideró que la Junta Electoral actuó correctamente al acatar la orden de la Cámara Federal, pero todavía no resolvió el conflicto central que mantiene paralizado el proceso electoral universitario.
La decisión también despeja las acusaciones penales que pesaban sobre los integrantes de la Junta Electoral, aunque la incertidumbre política e institucional persiste. Será la resolución definitiva de la causa principal la que determine cuándo y bajo qué condiciones la Universidad Nacional de Tucumán podrá completar la elección de rector y vicerrector para el período 2026-2030.
Mientras tanto, la principal casa de estudios del norte argentino continúa inmersa en uno de los procesos institucionales más complejos de su historia reciente, con un rectorado cuya definición permanece condicionada por los tiempos de la Justicia Federal.
