Transportes Asociados SRL inició un proceso judicial para ordenar sus deudas. Los colectivos no tienen una suspensión anunciada, pero la situación abre interrogantes sobre la continuidad y la calidad de la prestación
La situación económica de una empresa vinculada a la Línea 5 de colectivos, de San Miguel de Tucumán, llegó a la Justicia. El 16 de septiembre de 2026 se declaró la apertura del concurso preventivo de Transportes Asociados SRL, según el edicto del expediente 5318/26 publicado por el Poder Judicial tucumano.
La firma figura como titular de un colectivo de esa línea en una sentencia judicial; los servicios de consulta de recorridos identifican al operador como Transportes Asociados UTE. Esa distinción merece una aclaración formal sobre el vínculo entre ambas figuras.
El concurso preventivo es un procedimiento mediante el cual una empresa intenta negociar sus deudas con los acreedores y continuar su actividad. La apertura del concurso no significa que la Línea 5 haya dejado de circular. Tampoco hay, hasta el momento, una reducción de frecuencias o un cambio de recorrido confirmado como consecuencia de esta decisión judicial.
El edicto fija el 1 de diciembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos. También prevé que los trabajadores elijan un representante para integrar el comité de acreedores. Se trata de pasos del proceso judicial, sin que impliquen por sí mismos una modificación del servicio para los pasajeros.
Para quienes usan la Línea 5, la pregunta inmediata es si la empresa podrá sostener las unidades y frecuencias habituales mientras tramita el concurso. Sin Codigo Tucumán buscará conocer qué controles realiza la Municipalidad sobre la prestación y cuál es la situación actual de los choferes. También corresponde que Transportes Asociados explique cómo continuará operando y precise la relación entre la SRL concursada y la UTE identificada como operadora.
Por ahora, el dato confirmado es la apertura del concurso preventivo. Cualquier consecuencia sobre los viajes, los puestos de trabajo o la concesión requiere información adicional de la empresa y de las autoridades de transporte.