En cada discurso que da el peronismo en campaña hablan de obras que no se hicieron en 50 años. ¿Quiénes gobernaron durante buena parte de esos cincuenta años? ¿Quiénes establecieron las prioridades presupuestarias? ¿Quiénes decidieron qué obras se ejecutaban y cuáles quedaban pendientes? ¿Qué pasó con los millonarios recursos que venían de Nación en la época kirchnerista?
Por la redacción de SIN CODIGO
Entre la falta de obras, los reclamos al Presidente Milei y las críticas a las administraciones anteriores -que fueron peronistas-, el oficialismo tucumano enfrenta una contradicción difícil de explicar: muchos de los funcionarios que hoy denuncian décadas de abandono fueron protagonistas de los gobiernos que administraron la provincia durante ese mismo período. ¿Dónde termina la responsabilidad del pasado y dónde comienza la del presente?
Hay discursos políticos que merecen un análisis profundo. Otros, por sus contradicciones, parecen necesitar algo más parecido a un examen psicotécnico. No para determinar la aptitud psicológica de quienes los pronuncian, sino para intentar comprender cómo un mismo funcionario puede denunciar los errores del pasado sin reconocer que él mismo fue protagonista de ese pasado.
En Tucumán, escuchar a determinados dirigentes del peronismo hablar de las obras que faltan, de los problemas estructurales de la provincia y de las responsabilidades de las gestiones anteriores se ha convertido en un ejercicio de memoria política.
El problema no es que reconozcan las deficiencias. Al contrario, reconocerlas constituye un primer paso para resolverlas. La contradicción aparece cuando quienes denuncian décadas de abandono parecen olvidar que durante buena parte de esas décadas ocuparon cargos de responsabilidad en los gobiernos provinciales y municipales.
Y entonces surge una pregunta que merece una respuesta mucho más seria que cualquier discurso de campaña: si los problemas llevan décadas, si durante años gobernó el mismo espacio político (provincia y nación) y si muchos de los actuales funcionarios ya estaban en el poder, ¿Quién debe hacerse cargo de lo que no se hizo? ¿Milei?
El pasado que nadie quiere recordar
Cuando la intendente Rossana Chahla reclama por la reducción de los fondos nacionales destinados a la obra pública, plantea un problema concreto: la disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos que necesitan los vecinos.
Pero hay una parte de la historia que merece ser incorporada a ese reclamo. Chahla llegó a la intendencia en octubre de 2023, pero su trayectoria dentro del peronismo tucumano no comenzó entonces. Fue ministra de Salud durante la gobernación de Juan Manzur y formó parte de la estructura política que administró la provincia durante los ocho años anteriores.
Por eso, cuando sostiene que no se puede resolver en menos de tres años lo que no se hizo en medio siglo, su argumento abre un interrogante que excede a la actual administración municipal. ¿Quiénes gobernaron durante buena parte de esos cincuenta años? ¿Quiénes establecieron las prioridades presupuestarias? ¿Quiénes decidieron qué obras se ejecutaban y cuáles quedaban pendientes?
Es cierto que la responsabilidad de una intendente no es idéntica a la de un gobernador o un presidente. También es cierto que Chahla heredó problemas municipales anteriores a su gestión. Sin embargo, resulta difícil presentar las deficiencias históricas de Tucumán como si fueran completamente ajenas a un espacio político del que ella misma fue protagonista.
La pregunta es sencilla: ¿se puede reivindicar la continuidad de un proyecto político y, al mismo tiempo, desligarse de sus resultados anteriores?
Jaldo y Acevedo: dos protagonistas del pasado que hoy se cuestiona
La contradicción adquiere otra dimensión cuando estos discursos se pronuncian frente al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo.
Jaldo inició su carrera como intendente de Trancas en 1987. Posteriormente fue legislador, ministro de Economía, ministro del Interior y vicegobernador durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de asumir la gobernación. Es decir, no estamos hablando de un dirigente que acaba de descubrir los problemas de Tucumán.
Por su parte, Acevedo fue ministro del Interior durante los ocho años de gobierno de Manzur y anteriormente ocupó cargos vinculados a la administración provincial y la coordinación con municipios.
Ambos conocen desde hace décadas las necesidades de infraestructura de la provincia.
Por eso, cuando se habla de localidades sin agua potable suficiente, barrios sin cloacas, calles deterioradas o servicios públicos deficientes, corresponde preguntar qué decisiones se tomaron durante sus anteriores responsabilidades de gobierno.
No se trata de atribuirles individualmente cada problema que padece Tucumán. Se trata de reconocer que la continuidad política también implica una continuidad de responsabilidades. No se puede reclamar el reconocimiento por los logros de las administraciones anteriores y pretender que sus deudas pertenezcan exclusivamente a otros.
Marcelo Caponio y las obras que llegan después de décadas
Otro capítulo de esta discusión tiene como protagonista a Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).
Caponio fue designado al frente de la empresa durante la conformación del Gobierno de Jaldo en 2023, después de haber desarrollado una trayectoria dentro del peronismo provincial.
Cuando desde la SAT se destaca que actualmente se están ejecutando obras de agua potable y cloacas que durante años permanecieron pendientes, aparece una pregunta inevitable: ¿por qué no se realizaron antes?
Es positivo que se anuncien inversiones destinadas a mejorar servicios esenciales. Pero también corresponde explicar qué sucedió durante las administraciones anteriores y cuáles fueron las razones que impidieron resolver esos problemas. La falta de infraestructura sanitaria no comenzó en diciembre de 2023.
Los barrios que padecen desbordes cloacales, las familias que carecen de conexiones domiciliarias y los vecinos que sufren interrupciones en el suministro de agua conocen estas dificultades desde mucho antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Si hoy se reconoce que hay obras indispensables que nunca se ejecutaron, la explicación no puede limitarse a señalar la falta de fondos nacionales de los últimos dos años. También hay que revisar las decisiones tomadas cuando existían otras condiciones presupuestarias y otros gobiernos nacionales.
¿Cuánto dinero recibió Tucumán para infraestructura sanitaria durante las administraciones anteriores? ¿Qué obras se financiaron? ¿Cuáles se terminaron? ¿Cuáles quedaron inconclusas? Esas son las preguntas que permitirían determinar responsabilidades concretas, más allá de los discursos.
La obra pública y la memoria selectiva
El recorte de la obra pública nacional dispuesto durante la Administración de Milei constituye un cambio en las condiciones de financiamiento que enfrentan las provincias y los municipios. Ese cambio puede afectar la ejecución de nuevos proyectos y la continuidad de obras que dependían de transferencias nacionales.
Pero una cosa es explicar las dificultades presupuestarias actuales y otra muy distinta es atribuir a esas dificultades la totalidad de las carencias estructurales de Tucumán.
Durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la provincia contó con administraciones nacionales del mismo signo político que el oficialismo tucumano. Es legítimo preguntarse qué resultados dejaron esos años de coincidencia política, qué inversiones se realizaron y por qué determinadas necesidades básicas continúan sin resolverse.
La existencia de recursos nacionales no significa que todos los proyectos pudieran financiarse ni que cada obra pendiente fuera responsabilidad exclusiva de la Provincia. Pero tampoco corresponde borrar de la discusión las oportunidades de inversión que existieron durante las administraciones anteriores.
Si había recursos, si existía coincidencia política entre la Nación y la Provincia y si muchos de los actuales funcionarios ya ocupaban cargos de responsabilidad, los tucumanos tienen derecho a conocer por qué determinadas obras esenciales siguen pendientes.
La respuesta debería surgir de los presupuestos, las transferencias recibidas, los proyectos aprobados y las obras efectivamente ejecutadas. No alcanza con señalar a un nuevo responsable cada vez que cambia el Gobierno Nacional.
Dos años y diez meses para unos; resultados inmediatos para otros
Otra contradicción aparece en los tiempos que los dirigentes políticos consideran razonables para evaluar una gestión.
Desde el oficialismo tucumano se pide paciencia para resolver problemas que llevan décadas. Se argumenta que menos de tres años constituyen un período insuficiente para transformar una provincia o una ciudad. Sin embargo, cuando se evalúa al Gobierno Nacional, los mismos plazos parecen adquirir otra dimensión.
A Milei se le reclaman soluciones a problemas económicos y estructurales que también tienen una larga historia. La exigencia de resultados al presidente es legítima. También lo es el reclamo de los tucumanos a sus autoridades provinciales y municipales. Lo que merece una explicación es por qué el tiempo transcurrido se utiliza como argumento para justificar las dificultades de una administración y deja de considerarse relevante cuando se cuestiona a otra.
Si dos años y diez meses son insuficientes para resolver los problemas heredados por una intendente, corresponde aplicar un criterio temporal comparable al analizar los resultados de cualquier otra gestión.
Y si el presidente debe responder por las decisiones de su gobierno, también deben hacerlo el gobernador, la intendente y los funcionarios provinciales.
La responsabilidad política no debería cambiar según quién ocupe el cargo. ¿Ineficiencia, falta de planificación o prioridades equivocadas? Aquí aparece el interrogante central de esta columna.
Si los problemas de Tucumán llevan décadas y buena parte de los actuales funcionarios participaron de las administraciones anteriores, ¿Cómo se explica que tantas necesidades esenciales continúen pendientes? ¿Faltaron recursos? ¿Hubo errores de planificación? ¿Se priorizaron otras inversiones? ¿Existieron problemas de ejecución o control de las obras? Son preguntas que requieren respuestas documentadas.
La existencia de una obra inconclusa o de una necesidad insatisfecha no demuestra, por sí sola, incapacidad individual ni corrupción. Para establecer responsabilidades de esa naturaleza se necesitan pruebas, auditorías y, cuando corresponda, investigaciones judiciales.
Pero los funcionarios sí tienen la obligación de explicar sus decisiones y rendir cuentas por los resultados de las políticas públicas que administraron. No basta con reconocer que los problemas existen. También corresponde explicar qué se hizo para solucionarlos cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo.
La educación y la capacidad de exigir respuestas
Hay otra cuestión que atraviesa esta discusión: la educación. Una ciudadanía que cuenta con herramientas para comprender información, interpretar estadísticas, comparar presupuestos y analizar discursos políticos dispone de mayores posibilidades para exigir rendición de cuentas.
Por eso, las dificultades educativas de Tucumán también deben formar parte del balance de las distintas administraciones. La discusión sobre la calidad educativa no debería reducirse a consignas partidarias ni a responsabilizar a los estudiantes por los problemas del sistema. Debería centrarse en los resultados de aprendizaje, las condiciones de enseñanza, la inversión realizada y las políticas implementadas a lo largo de los años.
Una sociedad informada puede contrastar lo que un funcionario promete con lo que efectivamente hizo durante su paso por la administración pública.
Y esa capacidad de contrastar discursos con antecedentes resulta especialmente importante cuando los mismos dirigentes llevan décadas ocupando distintos cargos de gobierno.
El problema no es reconocer el pasado, sino pretender que nadie lo recuerde
Tucumán necesita obras de infraestructura, inversiones en agua potable y cloacas, mejores servicios públicos y respuestas a problemas que afectan diariamente a miles de vecinos. También necesita que sus autoridades expliquen con claridad qué pueden hacer con los recursos actuales y qué proyectos dependen del financiamiento nacional.
Pero esa discusión estará incompleta mientras los dirigentes que participaron de las administraciones anteriores se presenten únicamente como herederos de problemas ajenos. Jaldo no llegó a la política en 2023. Acevedo tampoco. Chahla tiene antecedentes de gestión provincial anteriores a su llegada a la Municipalidad. Y Caponio forma parte de una estructura política que no comenzó con el actual gobierno nacional.
Sus trayectorias no los convierten automáticamente en responsables de cada deficiencia de la provincia, pero sí hacen pertinente preguntarles por las decisiones tomadas durante los años en que ejercieron funciones públicas.
El peronismo tucumano tiene derecho a cuestionar las políticas de Milei. Lo que no debería quedar fuera del debate es su propia historia de gobierno. Porque cada vez que un funcionario denuncia que una obra indispensable no se hizo durante décadas, también está abriendo una discusión sobre quienes tuvieron la responsabilidad de administrar la provincia durante ese tiempo.
Y cuando quienes hoy reclaman soluciones son los mismos que ayer ocuparon cargos de gobierno, la pregunta de los tucumanos no debería limitarse a cuánto dinero falta para hacer las obras. También corresponde preguntar qué se hizo con los recursos que hubo, cuáles fueron las prioridades y por qué tantos problemas siguen esperando una solución.
El pasado no desaparece porque cambien los discursos de campaña. Y la responsabilidad de gobernar tampoco comienza de cero cada vez que un dirigente cambia de despacho.
La memoria política de Tucumán no debería tener fecha de vencimiento.