El Gobierno nacional presentó este jueves una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en respuesta al fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que ordenaba a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. La cifra reclamada supera los US$16.000 millones y beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park.
En una jugada anticipada, la representación legal del Estado argentino también apeló otro fallo relacionado, que obliga al país a entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge, en el marco de una causa por una deuda en default del año 2001, por un monto de US$95 millones.
Con esta estrategia, Argentina se adelantó a la decisión que debía tomar la magistrada Preska, quien aún no había resuelto si autorizaba o no la ejecución de la sentencia ante el pedido del país de suspender la entrega de acciones.
La fecha límite establecida por la jueza para el cumplimiento de la medida era el próximo lunes 14 de julio. Según lo ordenado, Argentina debía depositar las acciones en custodia en un banco de Nueva York, a fin de iniciar la ejecución del fallo judicial.
En el escrito presentado, los abogados argentinos argumentaron que el caso presenta características inéditas y que el cumplimiento inmediato de la sentencia implicaría un grave perjuicio para el país. Además, remarcaron que cualquier cambio en la estructura accionaria de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional, por lo que el proceso judicial colisiona con normativas internas.
La Corte de Apelaciones evaluará ahora los argumentos de la defensa argentina y decidirá si revisa los fallos de Preska, en un caso que podría sentar un importante precedente internacional en materia de expropiaciones y derecho corporativo.
