Hubo gritos, insultos y legisladores que debieron intervenir para separarlos
La primera reunión en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó atravesada por un fuerte escándalo entre legisladores del oficialismo y la oposición. Hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos puntos del proyecto. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y fue hacia Guzmán. Entre ambos hubo un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.
La situación escaló todavía más cuando intervino desde otro sector del salón el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, que comenzó a increpar a Grabois y lo llamó “cagón”.
Grabois dejó entonces el cruce con Guzmán y avanzó hacia Huesen. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y el libertario Álvaro Martínez intentaron contenerlo y evitar que la discusión pasara a mayores.
Sin embargo, ambos diputados terminaron cara a cara, en medio de gritos y recriminaciones, mientras sus compañeros buscaban separarlos y restablecer el orden en la reunión.
El episodio ocurrió durante el primer plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Qué establece el proyecto que generó la discusión
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso busca endurecer el régimen vigente contra quienes realicen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y plantea como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según explicó oficialmente la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se apoya en tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Uno de los principales cambios es la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos sino que alcanza otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla además penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.