La condenada solicitó suspender la ejecución de sus bienes. Sin embargo, ya es cosa juzgada y ratificada por la Corte Suprema
Cumplido el plazo -hoy 13 de agosto- que fijó el Tribunal Oral de la causa “Vialidad” para que Cristina Fernández de Kirchner deposite, junto con los demás condenados, el pago de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la presidiaria presentó un escrito junto a su defensa donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes, y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Además, cuestionó el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 había fijado como fecha límite este miércoles a las 09:30 para que los condenados por corrupción, en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, depositaran en una cuenta judicial un total de 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- como una de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública.
Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en base a los 85 mil millones de pesos que fijó el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.
Este martes, la exmandataria presentó junto a sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy un escrito para responder a la intimación del TOF respecto a la sentencia que ordenó el pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”. En simultáneo, los defensores también interpusieron un recurso de casación ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos donde impugnaron el monto del decomiso y solicitaron que se declare la nulidad absoluta de la sentencia que lo calculó.
Para Cristina, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
Fernández de Kirchner también cuestionó la metodología del cálculo que realizaron los magistrados para determinar la suma a decomisar como sanción adicional a las condenas dictadas en “Vialidad”. Impugnó el “procedimiento seguido por el Tribunal” y solicitó que “sea revisado” en tanto “adolece” de “errores fácticos y jurídicos”.
Como sea, la condenada deberá pagar por lo obtenido ilegalmente.
