La condena representa un importante avance judicial, pero también deja expuesta una realidad incómoda: el narcotráfico sigue encontrando espacios para desarrollarse en sectores vulnerables de la provincia y, en ocasiones, incluso detrás de los muros de una cárcel
La Justicia Federal asestó un duro golpe a una organización narcocriminal que durante años operó en distintos barrios de Tucumán y que incluso logró extender sus tentáculos hacia el interior del penal de Villa Urquiza. Tras una extensa investigación iniciada en 2022, diez integrantes de la banda fueron condenados por su participación en una estructura dedicada a la compra, transporte, almacenamiento y comercialización de cocaína y marihuana.
La causa comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre actividades vinculadas al narcotráfico en el barrio Juan XXIII, conocido popularmente como La Bombilla. A partir de allí, la Justicia Federal desplegó una compleja investigación que incluyó seguimientos, intervenciones telefónicas, vigilancia y tareas de inteligencia que permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización que operó entre 2022 y 2024.
Según quedó acreditado durante el juicio, la banda traía cargamentos de droga desde las provincias de Salta y Jujuy para distribuirlos en distintos puntos de venta ubicados en los barrios Juan XXIII, Oeste II, Las Tipas y SEOC. Sin embargo, uno de los aspectos más alarmantes de la investigación fue la comprobación de que parte de los estupefacientes terminaban dentro de la cárcel de Villa Urquiza, donde eran comercializados entre los internos.
Los investigadores identificaron a Néstor Hugo Jiménez y Liliana Noemí Jiménez como los principales líderes de la organización. Ambos coordinaban la logística para el ingreso de la droga a Tucumán y su posterior distribución. Junto a ellos, Pamela Elizabeth Bravo fue considerada una pieza clave de la estructura, encargada de administrar las ventas y el dinero proveniente del narcomenudeo.
La sentencia impuso penas de ocho años de prisión para Néstor Jiménez, Liliana Jiménez y Pamela Bravo. Otros integrantes recibieron condenas de entre cinco y seis años de cárcel, mientras que tres mujeres fueron condenadas a penas de ejecución condicional por su participación secundaria dentro de la organización.
Uno de los datos que más preocupación genera es que Hugo Exequiel Jiménez continuó participando de las maniobras delictivas desde el interior de Villa Urquiza, donde ya cumplía una condena previa. El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro del principal establecimiento penitenciario de Tucumán y la capacidad de algunas organizaciones criminales para seguir operando aun cuando sus miembros se encuentran privados de la libertad.
La desarticulación de esta banda demuestra la importancia de las investigaciones de largo plazo y del trabajo coordinado entre fiscales, fuerzas de seguridad y la Justicia Federal. Sin embargo, también plantea un interrogante inevitable: cuántas otras estructuras similares continúan operando silenciosamente en los barrios tucumanos mientras el consumo y la violencia asociada al narcotráfico siguen creciendo.
Porque detrás de cada condena no sólo hay delincuentes que van a prisión. También hay una sociedad que reclama recuperar los territorios que el narcotráfico intenta ocupar.
