El Gobierno nacional y las universidades públicas avanzaron hacia un acuerdo para otorgar incrementos salariales y mejorar partidas presupuestarias, tras retirar la exigencia inicial de que las instituciones retiren la demanda judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el reclamo sigue pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, lo que generó versiones sobre un posible acuerdo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Detalles del acuerdo
La propuesta, que se prevé formalizar mañana, establece un aumento del 24 % para los salarios del personal docente y no docente, dividido en dos tramos: un 21 % que se pagará en junio y un 3 % adicional en septiembre. El primer incremento impactará también en el cálculo del aguinaldo. Además, se contempla una actualización del 20 % en las partidas para gastos de mantenimiento, incluyendo unos 50.000 millones de pesos extra destinados a los hospitales universitarios a los que se les adeudan montos acumulados durante el año, y un aumento del 50 % en el valor de las Becas Belgrano, que permanecían congeladas desde hace más de dos años. El acuerdo también establece que en lo sucesivo las negociaciones paritarias se realizarán al menos cada tres meses, tomando como piso la variación de la inflación.El
El contexto del conflicto
Durante las negociaciones previas, el Gobierno había condicionado el aumento al retiro de la causa judicial iniciada por las universidades para exigir el cumplimiento de la ley sancionada en 2025, que el Poder Ejecutivo vetó y posteriormente se negó a aplicar. Esa exigencia, considerada inaceptable por las casas de estudio, fue finalmente levantada. Algunas fuentes cercanas al proceso sugieren que el cambio de postura responde a un entendimiento con la Corte Suprema para dilatar el fallo definitivo, una hipótesis que es calificada como verosímil por actores involucrados, aunque sin confirmación oficial. Desde el sector universitario advierten sobre la imprevisibilidad del Gobierno, aunque valoran el avance salarial a la espera de definir el resto del reclamo. La situación presupuestaria.El conflicto se enmarca en una fuerte caída del poder adquisitivo: desde finales de 2023, los salarios y el presupuesto general de las universidades se devaluaron un 35 %, y de no haber ajustes podrían alcanzar un 45 % a fin de año. Mientras que el presupuesto asignado para 2026 es de 4,8 billones de pesos, las instituciones estiman que requieren al menos 7,3 billones para funcionar normalmente.
