Hay un fuerte malestar por un dictamen en contra del del Ejecutivo Nacional
La Procuración del Tesoro (que sería el abogado del Estado), a cargo de Rodolfo Barra, emitió una resolución a favor de un reclamo de una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y había sido dado de baja. Evalúan pedirle la renuncia.
Para entender el caso hay que remontarse a una obsesión que la Casa Rosada tuvo durante todo el 2024: los Registros del Automotor. Bajo la premisa de que eran cajas de la política y que, además, complicaban y encarecían los trámites, Milei ordenó el cierre de más de 136 agencias y su eliminación fue parte de la Ley Bases. Sin embargo, si bien se redujeron costos y hubo simplificaciones, aún no se pudo crear el Registro único, digital y remoto.
Los Registros del Automotor, desde hace décadas, trabajan asociados a un privado: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta entidad tenía contratados 2.500 empleados que brindaban servicios al Ministerio de Justicia y se encargaban de pagar los incentivos, un beneficio que se sumaba al sueldo de base. Gracias a estos extras, por ejemplo, un director de la cartera a cargo de Cúneo Libarona podía cobrar hasta el doble que un director de cualquier otro Ministerio.
El 31 de diciembre, el Ejecutivo dio de baja el convenio con ACARA y la mayor parte de los trabajadores fueron despedidos, mientras que algunos fueron contratados en la administración pública, no como planta permanente sino a través de un contrato, según dispone la Ley de Contrato de trabajo (LCT). El acuerdo fue respetarles el sueldo y dar de baja el incentivo, pero el salario cubriría entre el 80 y el 90% de lo que cada uno percibía cuando eran contratados por ACARA. Esto fue firmado por cada trabajador y convalidado ante el fuero laboral con un artículo que especificaba que, al aceptar las condiciones, no harían reclamos en el futuro.
Sin embargo, una agente, cuyas iniciales son A.T., hizo una presentación para pedir la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle el incentivo. Al ser un Juicio contra la Administración Pública, al iniciarse el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro -cuyo trabajo es ser el abogado del Estado- que se expida respecto de este caso que eventualmente llegará a la justicia laboral. Y aquí es donde, entiende el Gobierno, comienza la acumulación de fallas imperdonables de Rodolfo Barra.
Barra impulsó un dictamen que favorece a la demandante y va en contra de los intereses del Gobierno. Su argumento fue que el incentivo que recibía A.T. tenía carácter remunerativo y, por lo tanto, era válido el planteo y podía exigir que se le sea reincorporado. Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada le achacan a Barra que le dio pie al fuero laboral para fallar a favor de A.T.
Hay un detalle que no pasó desapercibido. Rodolfo Barra no firmó el dictamen, sino que le pidió a su segundo, Marcos Serrano, que pusiera la firma. Cuando se comunicaron con el Procurador para reclamarle por el escrito, el funcionario se quiso despegar y responsabilizó a Serrano. El argumento generó bronca por dos motivos: una muestra cruda de deslealtad para con su propio equipo y una subestimación hacia sus interlocutores, que dan por sobreentendido que una resolución de este calibre tiene que estar si o si habilitada por la máxima autoridad de la Procuración.
Conclusión, Rodolfo Barra tendría los días contados en la Administración Milei.
