La mujer habría utilizado su cargo y supuestos vínculos políticos y gremiales para convencer a las víctimas. Ya había sido acusada por hechos similares y, según la investigación, habría continuado con las maniobras
Una causa por presuntas estafas millonarias volvió a encender las alarmas en Tucumán. La acusación es contra una empleada de la Legislatura provincial, señalada por engañar a familias vulnerables bajo la falsa promesa de adjudicarles viviendas sociales gestionadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU). Se trata de María Alejandara Arrieta, procesada por presuntas estafas vinculadas con la venta de viviendas sociales por más de $14 millones.
Según la investigación judicial en curso, la sospechosa utilizaba su rol dentro del ámbito legislativo para aparentar solvencia institucional y contactos de alto nivel. Alegando influencias políticas y sindicales, convencía a los damnificados de que podía agilizar los trámites o asegurar un cupo directo para la entrega de casas a cambio de importantes sumas de dinero en efectivo. El Fiscal Diego López Ávila investigó el caso y, al reunir evidencias en contra de María Alejandra Arrieta, ordenó su aprehensión. Posteriormente, a través del auxiliar de Fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, le formuló cargos por estafas vinculadas con la venta de viviendas sociales.
El representante del Ministerio Público solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 45 días. Fundamentó el pedido en dos razones. La primera, que podría entorpecer la investigación mediante amenazas o nuevas promesas falsas dirigidas a las personas afectadas. La segunda, considerada de mayor relevancia, fue que, pese a haber sido previamente acusada por este tipo de delitos, habría continuado buscando víctimas para desarrollar la maniobra.
El Juez interviniente aceptó parcialmente el planteo de Rodríguez del Busto y dispuso que la medida cautelar se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica de monitoreo.
En el caso de la empleada legislativa, se determinó que no tenía relación alguna con el IPV. Además, habría concretado los engaños asegurando ser abogada y afirmando tener vínculos con distintos gremios. “Es totalmente comprensible que las víctimas hayan caído en el engaño”, sostuvo una fuente judicial.
El ‘modus operandi’ y la reincidencia
El ardid se basaba en la desesperación de las familias por acceder al sueño de la casa propia. La acusada citaba a las víctimas, les prometía carpetas prioritarias dentro del organismo de vivienda y les solicitaba cobros para presuntos “gastos administrativos” o “adelantos de adjudicación”.
Lo que agrava la situación procesal de la empleada es que ya registraba antecedentes e investigaciones previas por hechos de similar naturaleza. Lejos de frenar su accionar tras las primeras denuncias, la mujer habría continuado ejecutando las maniobras fraudulentas con nuevos damnificados.
Alerta por falsos gestores
Desde los organismos oficiales reiteraron que el IPVDU no cuenta con gestores externos ni intermediarios privados, y que todos los trámites de inscripción y adjudicación son personales, gratuitos y transparentes a través de los canales institucionales.
La causa avanza en la Justicia Penal tucumana, donde se recolectan pruebas documentales y testimonios de damnificados para determinar el alcance económico total de la estafa y evaluar eventuales medidas cautelares sobre la acusada.
Créditos: Gustavo Rodríguez