Un equipo investigativo de la Sección Delitos Económicos, perteneciente a la División de Cibercrimen del Departamento de Inteligencia Criminal, concretó allanamientos y recuperó vehículos que habían sido retenidos ilegalmente
Una presunta estafa millonaria sacude a Tucumán y mantiene en alerta a la Justicia provincial. En las últimas horas, se realizaron una serie de allanamientos y secuestros de documentación en el marco de una investigación que busca esclarecer una compleja maniobra que habría provocado importantes perjuicios económicos a múltiples damnificados.
Tras la denuncia que realizó una empresa concesionaria por el robo de dos automóviles de alta gama obtenidos por un hombre mediante una acción fraudulenta, los uniformados dieron inicio a la pesquisa correspondiente y, luego de recabadas las pruebas suficientes, solicitaron una orden de allanamiento para dos inmuebles ubicados en distintos puntos de Yerba Buena. La medida judicial se llevó a cabo este jueves en las calles Santo Domingo al 1300 y Sarmiento al 3700.
Respecto del delito, el causante había entablado una relación comercial de confianza con el gerente de la firma comprando y pagando, en ocasiones anteriores, de manera responsable y conforme a lo establecido, no obstante, la última transacción involucró autos valuados en un total de USD 270.000 y acordaron la liquidación de la deuda en varias cuotas. De ellas, el denunciado habría saldado solo la primera quedándose con los vehículos de manera ilegítima.
Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal especializada que lleva adelante la causa, luego de reunir elementos considerados clave para avanzar sobre los responsables de la operatoria denunciada. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación contable y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes.
Según trascendió, la causa gira en torno a una maniobra que habría movilizado sumas millonarias de dinero y que involucra a varias personas bajo sospecha. Los investigadores buscan determinar el destino de los fondos, identificar a todos los participantes y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Fuentes judiciales señalaron que los allanamientos constituyen una etapa fundamental de la investigación, ya que la evidencia recolectada podría aportar información decisiva sobre la estructura utilizada para concretar la supuesta estafa.
La complejidad del expediente llevó a que intervengan especialistas en análisis financiero y peritos informáticos, quienes tendrán la tarea de reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y operaciones realizadas durante el período bajo investigación.
El caso genera gran repercusión debido al volumen económico involucrado y a la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas a medida que avance la pesquisa. De hecho, no se descarta que en los próximos días surjan nuevas denuncias vinculadas a la misma operatoria.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y no se descartan nuevas medidas procesales. Los investigadores mantienen bajo reserva varios detalles de la causa para evitar entorpecer el avance de la pesquisa.
La investigación se encuentra en una etapa clave y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que se analice el material secuestrado durante los procedimientos realizados en distintos puntos de la provincia.
La causa vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las estafas de gran escala que en los últimos años se multiplicaron en distintas regiones del país, muchas veces utilizando mecanismos financieros complejos que dificultan su detección temprana y permiten mover importantes sumas de dinero antes de que las víctimas adviertan el fraude.
