La Justicia Federal impuso penas de hasta 10 años y seis meses de prisión a cuatro policías y un civil por un secuestro extorsivo ocurrido en 2024. La víctima fue mantenida cautiva en instalaciones policiales y su madre tuvo que entregar $240.000 para recuperar su libertad. Un caso estremecedor que vuelve a poner bajo la lupa a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los tucumanos
Un grave caso de corrupción y delincuencia dentro de las fuerzas de seguridad de Tucumán llegó a una instancia decisiva. Cuatro policías provinciales y un civil fueron condenados por participar en el secuestro extorsivo de un joven, a quien mantuvieron privado de su libertad hasta que su familia pagó un rescate.
La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, después de un proceso judicial que permitió reconstruir cómo los involucrados utilizaron recursos e instalaciones de la propia fuerza policial para cometer el delito.
Lo más alarmante del caso es que la víctima no fue trasladada a un escondite clandestino, sino a una dependencia policial, un lugar donde cualquier ciudadano debería encontrar protección y seguridad.
Una trampa, un secuestro y un rescate de $240.000
Según la investigación judicial, los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando los acusados organizaron una maniobra para atraer a la víctima mediante una supuesta operación de compra de marihuana.
El joven fue interceptado en inmediaciones del barrio privado Portal del Parque y posteriormente trasladado a la Jefatura de Zona III de la Policía de Tucumán. Allí permaneció privado de su libertad mientras sus captores exigían dinero para liberarlo.
La situación terminó cuando su madre entregó $240.000 como rescate, una suma que permitió que el joven recuperara la libertad.
La investigación logró establecer la participación de los efectivos policiales y de un civil en la maniobra delictiva.
Condenas superiores a los diez años de prisión
El Tribunal Oral Federal resolvió imponer penas de 10 años y seis meses de prisión a los cuatro policías involucrados, mientras que el civil recibió una condena de 10 años.
Los condenados son:
• Ángel Sebastián Gómez.
• Sergio Daniel Díaz.
• Franco Javier Jiménez.
• Gustavo Ezequiel Morales.
• Facundo Amaya, el civil involucrado.
Además de las penas de prisión, el tribunal dispuso el decomiso del vehículo utilizado durante el secuestro y reconoció indemnizaciones por daño moral para la víctima y su madre.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de octubre. Las condenas todavía no fueron informadas como firmes y podrían ser recurridas.
Cuando quienes deben combatir el delito terminan cometiéndolo
El caso adquiere una gravedad institucional particular porque los condenados eran integrantes de una fuerza cuya función es prevenir delitos, proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley.
La utilización de una dependencia policial para mantener cautiva a una persona constituye uno de los aspectos más preocupantes de la investigación. No se trató solamente de un secuestro extorsivo. También quedó expuesto el aprovechamiento de una estructura estatal para cometer un delito.
La sentencia representa un avance de la Justicia frente a conductas criminales dentro de las fuerzas de seguridad, pero también deja interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la responsabilidad institucional.
¿Cómo fue posible que un joven permaneciera secuestrado dentro de una dependencia policial? ¿Qué controles fallaron para que una instalación del Estado terminara siendo utilizada para exigir un rescate?
Son preguntas que trascienden las responsabilidades penales individuales y merecen respuestas.
Un fallo que debe marcar un precedente
La condena llega en un contexto en el que la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda política de Tucumán.
Mientras el Gobierno provincial sostiene un discurso de endurecimiento contra la delincuencia y el narcotráfico, este caso recuerda que la lucha contra el delito también debe alcanzar a quienes, desde adentro de las instituciones, traicionan la confianza de la sociedad.
La mayoría de los integrantes de las fuerzas policiales cumple sus funciones dentro de la ley, pero episodios como este provocan un profundo daño a la credibilidad institucional.
La seguridad no puede tener excepciones ni privilegios: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, lleve o no un uniforme. La sentencia contra los cuatro policías y el civil constituye un paso importante en esa dirección.
Porque cuando quienes deben proteger a los ciudadanos terminan convirtiéndose en sus secuestradores, el problema deja de ser solamente policial y se transforma en una cuestión de enorme gravedad institucional.