La denuncia abrió una crisis institucional sin precedentes recientes dentro del fuero federal tucumano y puso bajo la lupa un operativo de limpieza realizado durante mayo en el edificio del TOF, ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, de la capital tucumana
Una grave controversia sacude por estas horas a la Justicia Federal de Tucumán. Una denuncia penal presentada por el Secretario de Cámara del Tribunal Oral Federal (TOF), Hugo César del Sueldo Padilla, apunta contra jueces subrogantes del organismo por la presunta destrucción y eliminación irregular de elementos secuestrados en causas judiciales, algunos de ellos vinculados a expedientes que aún se encuentran en trámite.
Según la presentación judicial, todo comenzó con una decisión de vaciar los depósitos y subsuelos donde desde hace décadas se almacenan elementos secuestrados en investigaciones federales. Del Sueldo Padilla, quien asegura tener a su cargo la custodia de esos bienes desde hace más de 30 años, sostuvo que advirtió a las autoridades que en esos espacios había pruebas correspondientes a causas no concluidas, sentencias no firmes e incluso expedientes con imputados prófugos.
Sin embargo, según su relato, el operativo continuó y terminó con el retiro masivo de materiales mediante camiones de Gendarmería Nacional. El funcionario sostiene que durante esas tareas se descartaron pruebas, documentación y elementos vinculados a expedientes judiciales que aún conservaban vigencia procesal.
La preocupación por la Causa Ale
Uno de los puntos más delicados de la denuncia involucra a la denominada “Causa Ale”, una de las investigaciones criminales más resonantes de Tucumán. Según el secretario, parte del material probatorio almacenado correspondiente a ese expediente habría sido retirado durante el operativo, pese a que la causa todavía no se encuentra definitivamente cerrada.
Del Sueldo Padilla afirma que empleados del tribunal le manifestaron su preocupación por las tareas que se estaban realizando y le enviaron fotografías sobre los elementos que estaban siendo separados para su eliminación. El denunciante asegura que muchos de ellos estaban correctamente identificados y conservados.
Armas, explosivos y documentación
La presentación también menciona la aparición de armas de fuego, municiones y explosivos durante el procedimiento. Según el relato incorporado a la denuncia, personal judicial habría alertado sobre la presencia de granadas y otros elementos potencialmente peligrosos que finalmente fueron retirados por personal especializado.
Además, el funcionario denunció la posible destrucción de registros administrativos internos que documentaban lo que estaba ocurriendo, situación que agrava aún más el conflicto y que ahora deberá ser investigada por la fiscalía federal.
Una investigación que recién comienza
La denuncia fue presentada inicialmente ante el Fiscal Federal Agustín Chit y posteriormente quedó bajo análisis del Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz, quien deberá determinar si efectivamente se produjo la destrucción de elementos secuestrados pertenecientes a causas judiciales vigentes y si existieron irregularidades en el procedimiento llevado adelante dentro del Tribunal.
Mientras la investigación avanza, la polémica ya instaló fuertes interrogantes sobre la preservación de la prueba judicial, un aspecto clave para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica de los procesos federales.
La pregunta que hoy sobrevuela los pasillos de la Justicia Federal tucumana es tan inquietante como trascendente: ¿se destruyeron pruebas de causas que aún no estaban cerradas? La respuesta podría derivar en uno de los mayores escándalos institucionales que haya enfrentado el Tribunal Oral Federal de Tucumán en los últimos años.
Con información de Juan Manuel Montero
