La Fiscalía solicitó 43 nuevas declaraciones indagatorias en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los empresarios señalados figuran los responsables de Suizo Argentina, una firma que durante la gestión de Juan Manzur obtuvo ventajas impositivas para instalarse en Tucumán. Una conexión política y empresarial que vuelve a quedar bajo la lupa.
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial que también tiene repercusiones políticas en Tucumán. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, vinculados a la conducción de la droguería Suizo Argentina.
La empresa aparece bajo investigación por presuntas maniobras relacionadas con la contratación y provisión de medicamentos, en un expediente que busca determinar si existieron sobreprecios, acuerdos entre proveedores y mecanismos irregulares de adjudicación.
Pero la noticia tiene un capítulo especialmente interesante para Tucumán: Suizo Argentina fue beneficiada durante el Gobierno de Juan Manzur con un régimen de exenciones impositivas aprobado por la Legislatura provincial.
El antecedente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué beneficios obtuvo la provincia a cambio de las ventajas fiscales concedidas a la empresa?
Contrataciones millonarias y sospechas de sobreprecios
Según la presentación fiscal, Suizo Argentina habría desempeñado un papel relevante en el circuito de contrataciones de medicamentos de la ANDIS.
Los investigadores sostienen que la firma obtuvo órdenes de compra por aproximadamente $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, una cifra que refleja la magnitud económica de las operaciones analizadas.
La Fiscalía busca determinar si existieron mecanismos de coordinación entre proveedores, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios que pudieran haber perjudicado los recursos públicos destinados a personas con discapacidad.
El pedido de indagatorias constituye un avance procesal importante, aunque no implica una condena ni acredita por sí mismo la responsabilidad penal de los empresarios señalados. Será el Juez interviniente quien deba resolver las citaciones y evaluar los elementos incorporados al expediente.
La conexión tucumana: los beneficios otorgados durante la gestión Manzur
Mientras la investigación nacional avanza, en Tucumán reaparece un antecedente político que merece atención. Durante la gobernación de Juan Manzur, la Legislatura provincial aprobó un régimen de beneficios impositivos destinado a facilitar la instalación de Suizo Argentina en territorio tucumano.
La decisión fue presentada en su momento como una herramienta para atraer inversiones y favorecer el desarrollo económico provincial. Sin embargo, la medida también generó cuestionamientos de sectores opositores por el costo fiscal que podía representar.
En 2020, dirigentes de la oposición estimaron que las exenciones concedidas a la empresa podían significar unos $1.200 millones en beneficios durante cinco años. Se trató de una estimación política de aquel momento, no de una cifra oficialmente acreditada como pérdida efectiva de recaudación.
Ahora, con la droguería involucrada en una investigación judicial de alcance nacional, aquel régimen vuelve a despertar interés público.
Es importante aclarar que la concesión de beneficios fiscales durante el Gobierno de Manzur no demuestra participación del exgobernador en las presuntas maniobras investigadas por la Justicia Federal. Se trata de dos hechos diferentes: por un lado, una decisión de política tributaria provincial; por otro, una investigación penal sobre contrataciones nacionales posteriores.
¿Qué ganó Tucumán con las exenciones?
Más allá del avance judicial, el antecedente provincial plantea interrogantes legítimos sobre el uso de los recursos públicos.
¿Cuántos puestos de trabajo generó efectivamente la instalación de Suizo Argentina? ¿Qué inversiones concretas realizó en Tucumán? ¿Cuál fue el monto real de los impuestos que dejó de pagar gracias al régimen especial? ¿Se cumplieron las condiciones establecidas para acceder a esos beneficios? Son preguntas que merecen respuestas documentadas.
Los incentivos fiscales pueden ser instrumentos válidos para atraer empresas y generar empleo. Pero también requieren transparencia, controles y mecanismos que permitan verificar si los beneficios otorgados a una compañía se traducen en resultados para la sociedad.
Un escándalo que exige explicaciones y transparencia
La causa ANDIS tiene una sensibilidad particular porque involucra fondos destinados a la atención de personas con discapacidad, uno de los sectores que más necesitan políticas públicas eficientes y transparentes.
Si la Justicia comprobara que existieron sobreprecios o contrataciones fraudulentas, el perjuicio no sería solamente económico: también afectaría recursos destinados a prestaciones esenciales.
En Tucumán, el avance de la investigación constituye una oportunidad para revisar públicamente los antecedentes de los beneficios fiscales otorgados a Suizo Argentina y determinar qué resultados concretos produjeron.
La Justicia deberá establecer si hubo delitos en las contrataciones nacionales. La política tucumana, por su parte, tiene la responsabilidad de explicar qué recibió la provincia a cambio de los beneficios tributarios concedidos.
Porque cuando se trata de recursos públicos, las explicaciones no deberían depender de que estalle un escándalo judicial.