Por acción u omisión, el vicegobernador dejó al oficialismo al borde de un ataque de nervios en solo siete días. Entre el misterio de la caja legislativa más cara del país y el fantasma de la pelea Manzur-Jaldo, la institucionalidad tucumana sumó un nuevo capítulo en el manual de lo increíble
Por Enzo Perea. SIN CODIGO
En la política, el silencio suele ser un refugio seguro; las palabras, en cambio, una trampa mortal si no se miden con precisión quirúrgica. En apenas una semana, el vicegobernador Miguel Acevedo demostró que la incontinencia verbal o la excesiva distensión frente al micrófono pueden costar caro, no solo a la imagen personal, sino a la ya golpeada salud institucional de una provincia acostumbrada a los excesos del poder.
Dos declaraciones consecutivas encendieron las alarmas en la Casa de Gobierno y abrieron grietas en un peronismo que intenta, no siempre con éxito, disimular sus costuras.
El misterio de la caja de la Legislatura más cara del país
El primer cortocircuito ocurrió en el living del periodista Federico van Mameren. Ante una pregunta que debería formar parte del ABC de cualquier administrador público —cuánto gana un legislador provincial—, Acevedo optó por el camino de la evasión risueña. “No sé, pregúntele a algún legislador”, ensayó primero. Ante la repregunta obvia al presidente de la Cámara que administra esos recursos, remató con un insólito: “Puede que sí (lo sepa), pero no me atrevería a indagar sobre las remuneraciones de los demás”.
La respuesta provocó un repudio inmediato y transversal. No se estaba interrogando a Acevedo sobre las finanzas de una empresa privada, sino sobre el destino de los fondos públicos que aportan todos los tucumanos. En una provincia con índices de pobreza alarmantes, la ligereza institucional asusta.
La realidad detrás de la evasión es que los datos sepultan cualquier relato. Según el informe de la Fundación Libertad sobre el Presupuesto 2025, la Legislatura de Tucumán se consolida como la más cara de la Argentina, con un costo anual proyectado de $2.735.446.633 por legislador. Esta cifra astronómica —que supera incluso a la provincia de Buenos Aires si se pondera por cantidad de bancas y población— no se traduce en un sueldo neto idéntico para cada parlamentario. Es un secreto a voces que la distribución de los contratos, subsidios y “módulos” se maneja de forma discrecional y poco transparente, beneficiando la obediencia oficialista por sobre la labor de la oposición.
En cualquier estado con instituciones serias, semejante discrecionalidad ameritaría una investigación judicial; en lo que muchos ya denominan “Tuculandia”, pasa como una anécdota de televisión.
Fuego amigo y los fantasmas de 2021
Sin tiempo para procesar el impacto de la primera polémica, el vicegobernador —de conocidas raíces manzuristas— volvió a sacudir el tablero político al analizar la encarnizada interna que fracturó al PJ tucumano en 2021. Al referirse al choque entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, Acevedo lanzó una lectura histórica que debe haber caído como una bomba en el jaldismo puro: afirmó que la interna la ganó Manzur, pero que “perdió ganando” porque debió mudarse a Buenos Aires como Jefe de Gabinete, dejando a Jaldo a cargo del Poder Ejecutivo.
Aunque la descripción fáctica es real, la lectura entre líneas dejó un sabor amargo en la actual conducción provincial. Remarcar que Jaldo llegó al sillón de Lucas Córdoba por un “golpe de suerte” del destino nacional y no por el peso de los votos de aquella interna, equivale a recordar el pecado original de una guerra que dejó cicatrices profundas.
El propio Acevedo admitió en la entrevista que “quedaron muchos manzuristas heridos después de esa interna y que aún cuesta superar”. En el código de barras del peronismo, “heridos” no es una metáfora sentimental: significa dirigentes fuera de la estructura, sin cargos y, fundamentalmente, sin cajas políticas.
Un flaco favor al oficialismo local
Con un vicegobernador empeñado en abrir frentes de conflicto innecesarios, la oposición encuentra el escenario ideal para hacer política sin demasiado esfuerzo. Mientras el gobernador Jaldo intenta mostrar una gestión enfocada en la austeridad y el orden fiscal, las declaraciones de su segundo reactivan el debate sobre el costo de la política y las deudas pendientes del PJ local.
Lo de la interna puede clausurarse como un pase de facturas doméstico y puramente político; lo del manejo del dinero público, en cambio, expone una degradación institucional que solo la anestesia social de la provincia permite tolerar sin mayores consecuencias.
Al final del día, el verdadero problema no es si Acevedo sabe o no cuánto ganan sus dirigidos: el problema es que, sabiendo que los ciudadanos lo pagan, se prefiera mirar para otro lado.
