El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad

De esta manera, se sale de la emergencia, que vence a fin de año. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra. Se mantienen el nomenclador universal y la actualización por inflación. Resta la reglamentación del Ejecutivo

El Senado Nacional sancionó esta tarde una nueva Ley de Discapacidad que dejaría atrás la emergencia en el área, la cual vence a fin de año. La iniciativa, que obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra. Entre los puntos está: mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación -de ese tipo- se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló el libertario y titular de la comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (Capital Federal), quien ofició de miembro informante. “No es un proyecto de un solo sector”, expresó.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados en Diputados -el Gobierno cedió en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantiza que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallan partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclara que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo de la norma sancionada se introducen mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTYS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Otra sección importante del articulado es que establece que, si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días. Sobre estos ítems alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien además resaltó la necesidad de seguir de cerca las próximas auditorías.



COMPARTIR NOTICIAS