La Cámara Alta aprobó las dos iniciativas durante la sesión de este jueves. El acuerdo internacional sobre patentes obtuvo 47 votos favorables y 22 negativos, mientras que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada recibió 42 votos positivos y 26 en contra. Ambas normas ya completaron su recorrido por el Congreso y quedaron pendientes de los pasos correspondientes del Poder Ejecutivo
Por SIN CODIGO TUCUMÁN
El Senado de la Nación protagonizó este jueves 19 de noviembre una intensa jornada legislativa que terminó con la aprobación de tres iniciativas importantes: el nuevo régimen de Discapacidad, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Estas últimas dos iniciativas tienen consecuencias sobre la actividad económica, las inversiones, la protección de las invenciones y el régimen de propiedad de tierras rurales en Argentina.
Aunque recibieron apoyos diferentes, ambas lograron completar su tratamiento parlamentario.
Tratado de Patentes: aprobado por 47 votos contra 22
El Senado aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con 47 votos afirmativos, 22 negativos y ninguna abstención.
Se trata de un acuerdo internacional que busca facilitar los trámites para proteger invenciones en diferentes países.
Actualmente, una empresa o un inventor que desea proteger una innovación en varios mercados debe cumplir con los procedimientos de las oficinas de patentes correspondientes.
Con la adhesión al PCT, se podrá utilizar un sistema internacional de presentación de solicitudes que simplifica parte de esos procedimientos.
Sin embargo, esto no significa que una patente quede automáticamente aprobada en todos los países. Cada Estado conserva la facultad de examinar las solicitudes y decidir si corresponde conceder la protección.
La iniciativa forma parte de los compromisos comerciales impulsados por el Gobierno de Javier Milei y constituye un paso importante en las relaciones económicas con Estados Unidos.
¿Por qué generó polémica?
Uno de los sectores que manifestó mayores cuestionamientos fue la industria farmacéutica nacional.
Laboratorios argentinos advirtieron que el nuevo régimen podría facilitar estrategias destinadas a prolongar la protección de determinados medicamentos mediante modificaciones menores, retrasando la aparición de versiones genéricas.
Desde el oficialismo defendieron la adhesión al considerar que facilitará la innovación, la investigación y la integración de Argentina a los mercados internacionales.
El texto aprobado contempla una reserva respecto del capítulo II del tratado, relacionado con el examen preliminar internacional.
¿Ya es ley?
Sí. El proyecto había recibido aprobación del Senado en 1998 y posteriormente fue modificado por la Cámara de Diputados en agosto de 2026.
Como el Senado aceptó el texto que regresó desde Diputados, quedó completada la sanción legislativa. Por lo tanto, no debe volver a la Cámara baja.
Su aplicación efectiva dependerá de los procedimientos posteriores de promulgación, publicación y adhesión internacional.
Propiedad Privada: 42 votos a favor y 26 en contra
El Senado también aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 42 votos afirmativos, 26 negativos y ninguna abstención.
La iniciativa establece modificaciones en el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la protección jurídica de los propietarios.
Uno de sus principales objetivos es introducir mayores garantías y reglas más precisas para los casos en los que el Estado puede expropiar bienes por razones de utilidad pública.
También contempla cambios procesales destinados a agilizar determinados procedimientos judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles.
Pero el punto que generó mayor debate fue la restitución de la Ley de Tierras.
Vuelve el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros
Durante su tratamiento, la Cámara de Diputados incorporó modificaciones para restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa legislación había sido derogada mediante el DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei. Con la nueva sanción legislativa se recuperan las restricciones sobre la propiedad rural extranjera.
Entre los principales límites se encuentran:
• Los extranjeros no podrán concentrar más del 15% de la superficie rural del país.
• Las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán superar el 30% de ese porcentaje permitido.
• Se establece un límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, con criterios de equivalencia para otras regiones.
La medida busca limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, especialmente en áreas consideradas estratégicas por su capacidad productiva y sus recursos naturales.
Para provincias como Tucumán, donde la actividad agropecuaria y la propiedad de tierras rurales tienen importancia económica, el régimen resulta particularmente relevante.
¿La Ley de Propiedad Privada vuelve a Diputados?
No. El proyecto había sido aprobado inicialmente por el Senado y luego recibió modificaciones en Diputados.
La Cámara Alta aceptó esos cambios durante la sesión de este jueves, por lo que el texto obtuvo sanción definitiva.
Ahora corresponde su remisión al Poder Ejecutivo para continuar el procedimiento constitucional de promulgación y publicación.
Una jornada con tres leyes importantes
La sesión también dejó la aprobación unánime del nuevo régimen de Discapacidad, que obtuvo 71 votos favorables, sin votos negativos ni abstenciones.
De esta manera, el Congreso completó el tratamiento de tres iniciativas con impacto en distintos sectores de la sociedad.
La nueva legislación sobre discapacidad apunta a garantizar prestaciones y financiamiento permanente; el Tratado de Patentes busca facilitar la protección internacional de invenciones; y la Ley de Propiedad Privada modifica las reglas sobre expropiaciones, desalojos y titularidad extranjera de tierras rurales.
Las tres iniciativas recibieron sanción definitiva del Congreso, aunque todavía deben cumplirse los procedimientos constitucionales y administrativos correspondientes para su entrada en vigencia.
Para el Gobierno Nacional, la jornada representó un avance legislativo en materia económica e institucional. Sin embargo, también dejó expuestas las diferencias políticas sobre el alcance de la protección de patentes, la regulación de la propiedad rural y el papel del Estado.