Con 42 votos a favor y 21 en contra, la Cámara Alta dio media sanción a una reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto modifica las condiciones para internar a pacientes sin su consentimiento, amplía el tratamiento de las adicciones e introduce cambios en la intervención de psiquiatras y psicólogos. También se aprobaron iniciativas para incentivar inversiones. La reforma de Salud Mental ahora deberá ser tratada por Diputados
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÁN
El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes 30 de octubre una profunda reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca modificar aspectos centrales del sistema de atención de personas con trastornos mentales en Argentina.
La votación se produjo después de una extensa sesión que comenzó el jueves 29 de octubre y se prolongó hasta las primeras horas del viernes.
El proyecto consiguió 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, con el respaldo de La Libertad Avanza y distintos bloques aliados y provinciales.
La iniciativa representa uno de los cambios más importantes propuestos para la legislación vigente desde 2010 y abre un nuevo debate sobre los derechos de los pacientes, la intervención de las familias y la responsabilidad del Estado en la atención de la salud mental.
Sin embargo, es importante aclarar que la reforma todavía no es ley. Después de obtener media sanción en el Senado, deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados.
El cambio más importante: las internaciones involuntarias
Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con las condiciones que permiten internar a una persona sin su consentimiento.
La legislación vigente establece que una internación involuntaria debe ser excepcional y requiere la existencia de un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
El proyecto aprobado por el Senado propone reemplazar ese criterio por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física del paciente o de otras personas.
Esto significa que los profesionales podrían intervenir ante determinadas situaciones graves sin necesidad de esperar a que el peligro sea inminente.
El oficialismo sostiene que esta modificación permitirá actuar a tiempo en casos de crisis severas y evitar consecuencias irreversibles.
La internación involuntaria continuará siendo considerada un recurso terapéutico excepcional, que deberá utilizarse cuando no resulten posibles otros tratamientos menos restrictivos.
¿Quién podrá decidir una internación?
La reforma también introduce cambios en la participación de los profesionales de la salud.
En situaciones de emergencia, un médico, preferentemente psiquiatra, podrá disponer una internación involuntaria, sujeta a los controles posteriores previstos por el proyecto.
Un equipo interdisciplinario deberá evaluar y revalidar la medida dentro de las 48 horas.
Durante las negociaciones parlamentarias se incorporaron modificaciones para preservar la participación de los psicólogos y garantizar que las decisiones clínicas no dependan exclusivamente de una especialidad.
También se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con psiquiatras en localidades donde no existan suficientes especialistas.
Este último punto podría resultar especialmente importante para hospitales y centros de salud del interior del país.
Más participación de las familias
Otro aspecto relevante es el reconocimiento de la participación de familiares y representantes legales en los procesos de atención.
El proyecto contempla mecanismos para que padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales puedan intervenir dentro de los límites establecidos por la normativa.
También establece la necesidad de elaborar planes de egreso y seguimiento de los pacientes, con el objetivo de evitar internaciones prolongadas sin una estrategia de recuperación e integración social.
Cuando una persona no cuente con familiares o responsables que puedan acompañarla, el Estado deberá garantizar dispositivos de apoyo y asistencia comunitaria.
Las adicciones y la ludopatía también forman parte de la reforma
La iniciativa amplía el abordaje de las adicciones e incorpora expresamente problemáticas como la ludopatía, es decir, la adicción al juego y a las apuestas.
Se trata de un fenómeno que genera creciente preocupación, especialmente por la expansión de las plataformas de apuestas en línea y su impacto sobre adolescentes y jóvenes.
La reforma propone ampliar las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento de estos trastornos.
También contempla la atención ambulatoria, los hospitales de día, las casas de convivencia y otros dispositivos comunitarios.
¿Qué pasará con los hospitales psiquiátricos?
El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y reafirma la necesidad de avanzar hacia modelos de atención que respeten los derechos de los pacientes.
La internación deberá continuar siendo una alternativa excepcional y no la respuesta automática frente a cualquier padecimiento mental.
Además, establece criterios diferenciados para la atención de niños y adolescentes, quienes deberán recibir asistencia de equipos especializados y permanecer separados de los pacientes adultos, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.
El debate político: ¿habrá dinero para aplicar la reforma?
Durante la discusión parlamentaria, uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el financiamiento.
Desde sectores de la oposición advirtieron que modificar la legislación no será suficiente si los hospitales públicos y las provincias no cuentan con profesionales, infraestructura y recursos económicos adecuados.
El oficialismo defendió la reforma al considerar que permitirá mejorar las respuestas del sistema sanitario ante situaciones críticas.
La senadora Patricia Bullrich sostuvo que la posibilidad de intervenir oportunamente puede contribuir a proteger la vida de los pacientes y de quienes los rodean.
Por su parte, legisladores opositores señalaron que muchas de las dificultades de la legislación vigente están relacionadas con la falta de inversión y con su implementación incompleta.
El texto aprobado incorpora previsiones de cooperación financiera entre la Nación y las provincias.
¿Cómo podría impactar en Tucumán?
En caso de convertirse en ley, la reforma tendrá consecuencias directas sobre los procedimientos de atención en los hospitales públicos, clínicas y servicios especializados de Tucumán.
Los cambios podrían alcanzar las evaluaciones de pacientes en crisis, los requisitos para las internaciones involuntarias, la intervención de equipos interdisciplinarios y la participación deAfamiliares.
También podría facilitar el acceso a consultas especializadas mediante herramientas de atención a distancia en localidades del interior provincial.
Sin embargo, la implementación efectiva dependerá de la disponibilidad de profesionales, de la organización del sistema sanitario y de los recursos destinados a la salud mental.
El Senado también avanzó con incentivos a las inversiones
La sesión parlamentaria incluyó otros proyectos de importancia económica e institucional.
Entre ellos se destacó la aprobación de un régimen de incentivos para inversiones relevantes, orientado a promover proyectos productivos mediante beneficios fiscales.
La iniciativa obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos, y también deberá continuar su trámite legislativo.
De esta manera, el Gobierno consiguió avances parlamentarios en dos áreas diferentes: la reforma del sistema de salud mental y la promoción de inversiones.
Una reforma que abre un debate nacional
La media sanción representa un avance político para el Gobierno de Javier Milei, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de intervenir ante situaciones de riesgo y la obligación de proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental.
Sus defensores consideran que permitirá evitar tragedias y mejorar la atención de pacientes y familias.
Sus críticos advierten que los cambios deben acompañarse de mayores recursos, controles adecuados y garantías para evitar internaciones injustificadas.
Ahora la discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde se definirá si Argentina modifica una de las leyes sanitarias más debatidas de los últimos años.
Hasta que concluya ese proceso legislativo, continuará vigente la actual Ley Nacional de Salud Mental.