Se da luego de que el ministro Luis Caputo reclamara contra los intendentes por cobrar tasas también en las facturas de luz y gas
El Gobierno dispuso que las estaciones de servicio que apliquen tasas viales y/o municipales deberán informarlo al consumidor directamente en los surtidores. La decisión se da en medio de la pelea del ministro de Economía, Luis Caputo, con los intendentes.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 259 y apunta a “facilitar a los consumidores el acceso a dicha información”. Los expendedores tendrán 120 días para implementar la orden en sus carteleras.
En los considerandos, dicta que las estaciones de servicios deberán incluir una calcomanía informativa en cada surtidor con la siguiente leyenda: “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles. Para más información, podrá consultar la página web de la Secretaría de Energía”.
Según Energía, la aplicación de estas tasas municipales, de movilidad o de mantenimiento de redes viales, que en determinadas jurisdicciones resultan de novedosa aplicación, conlleva un aumento de los precios de los combustibles.
La situación se produce luego de que, a principios de septiembre, el litro de nafta y gasoil subió en torno al 3% promedio en la Ciudad de Buenos Aires y otro tanto en los municipios del conurbano bonaerense, muchos de los cuales cobran tasas viales que derivan en mayores precios de los combustibles.
Prohíben a los municipios cobrar tasas en las boletas de servicios públicos
El inicio de la pelea entre Caputo y los intendentes se dio por las tasas que cobran los municipios sobre las facturas de los servicios públicos. El funcionario cuestionó a varios intendentes de la provincia de Buenos Aires por el aumento de impuestos con “fines recaudatorios”, tras la denuncia de supermercados y mayoristas por la elevada carga tributaria en comunas de distintos puntos del país.
Así, el Gobierno les prohibió a los municipios que cobren tasas municipales en las boletas de luz y gas. Se trata de contribuciones económicas que pagan los ciudadanos y empresas en contraprestación por un servicio prestado por los municipios, como el alumbrado, barrido y limpieza (ABL) o seguridad e higiene, entre otros.
