Tras la cadena nacional de Milei, el Ejecutivo ratificó su compromiso con la soberanía, la protección de los recursos estratégicos y la presencia en el Atlántico Sur
El Presidente Javier Milei ratificó este jueves la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante una cadena nacional. Tras anticipar un fortalecimiento de las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos claves, que formalizan las medidas anunciadas.
Por un lado, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de Defensa Nacional, mientras que ordenó a la Cancillería Argentina reportar posibles incumplimientos para avanzar con sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos estratégicos en las islas.
Las decisiones quedaron formalizadas a través del DNU 867/2026 y del Decreto 868/2026, como parte de las políticas adoptadas por la gestión, tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda. Aunque el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, reconoció que la simple frase no era suficiente para defender los intereses nacionales.
Aumento presupuestario para Defensa
El DNU 867/2026 dispuso un refuerzo de partidas por $521.558 millones para lo que resta de 2026, en el marco de la estrategia oficial para fortalecer capacidades estatales vinculadas con la defensa de los recursos en el área de las Islas Malvinas. El impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.
Ese monto representa menos de 0,16% del Presupuesto ampliado para este año y el 5,1% del aumento del superávit fiscal acumulado durante los primeros ocho meses de 2026. Según la información oficial, la medida no modificará el resultado fiscal previsto porque se compensará con reasignaciones dentro de la Administración Central por $288.475 millones y con recursos acumulados del Tesoro Nacional provenientes de las últimas privatizaciones por $234.122 millones.
La mayor ampliación corresponde al Ministerio del Interior, que recibirá $120.081,4 millones para identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. Le siguen la Jefatura de Gabinete de Ministros, con $119.964,5 millones para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A y para políticas de ciberseguridad; y el Poder Judicial, con $111.210,3 millones para interceptación y captación de comunicaciones.
El Poder Legislativo Nacional contará con $66.164,9 millones para la defensa de los derechos de los ciudadanos y el control externo del sector público nacional. La Cancillería recibirá $54.593,6 millones para acciones diplomáticas sobre la cuestión Malvinas, la Antártida, la política oceánica y el Atlántico Sur.
Presidencia tendrá $33.357,8 millones para asistencia legal, información e inteligencia. El Ministerio de Defensa recibirá $11.061,4 millones para el alistamiento operacional de la Armada y la Fuerza Aérea, además del planeamiento militar conjunto. La ampliación también incluye $3.119,5 millones para el Ministerio de Justicia, destinados a la prevención del lavado de activos, y $2.524,2 millones para el Ministerio de Economía, en áreas de control de la oferta pública y de seguridad de presas.
Cancillería tendrá facultad para sancionar actividades sobre recursos de Malvinas
Mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.
De esta manera, se instruyó a todos los organismos y entidades de la administración pública nacional a informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, los hechos de los que tomen conocimiento y que puedan encuadrar en las conductas alcanzadas por esa ley. A partir de allí, la cartera podrá iniciar de oficio o por comunicación de otro organismo el procedimiento administrativo correspondiente.
Además, la reglamentación fijó los pasos del sumario: si hay indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor, que tendrá diez días hábiles administrativos para presentar descargo y ofrecer prueba.
Después de haberse informado a la empresa o entidad sospechada, Cancillería contará con otros diez días hábiles administrativos para resolver si archiva las actuaciones o aplica la sanción prevista por la norma.
Por otro lado, la reglamentación también introdujo cambios sobre trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al sector hidrocarburífero. En ambos casos, incorporó la exigencia de presentar declaraciones juradas en las que se consigne que ni las empresas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.