La renegociación establece una tasa interna de retorno del 14,30%, rechaza el pedido de la compañía para acceder al RIGI y contempla el cierre de una demanda judicial iniciada en 2023
El Gobierno y la empresa Aeropuertos Argentina cerraron la renegociación de la concesión que administra los principales aeropuertos del país. El acuerdo establece una recomposición del contrato que contempla una extensión del plazo y, al mismo tiempo, fija nuevas obligaciones para la compañía.
La empresa había solicitado inicialmente una prórroga de 40 años —30 años prorrogables por otros 10—. Sin embargo, el acuerdo establece una extensión de 11 años respecto del vencimiento actualmente previsto, por lo que la concesión quedará vigente hasta el 13 de febrero de 2049.
A su vez, contempla la posibilidad de sumar otros siete años al plazo de la concesión. Ese período adicional estará sujeto al cumplimiento de una serie de compromisos vinculados con el financiamiento y la ejecución de nuevas obras de infraestructura aeroportuaria.
Este lunes, además, Javier Milei se excusó de intervenir en el procedimiento por su vínculo profesional previo con Corporación América y dejó la competencia en manos del jefe de Gabinete.
La ampliación adicional del plazo está atada a dos condiciones concretas. La primera establece que antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá demostrar, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que cuenta con disponibilidad de fondos por US$600 millones, destinados a infraestructura comercial.
La segunda condición determina que el 75% de las obras correspondientes a esa inversión adicional deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031. De esta manera, la extensión extraordinaria del contrato no quedará definida únicamente por el compromiso de desembolsar los fondos, sino también por el avance efectivo de los trabajos.
Qué pasará con la rentabilidad de la concesión
Otro de los puntos centrales de la renegociación fue la tasa interna de retorno (TIR) utilizada como referencia para recomponer la rentabilidad de la concesión.
La empresa pretendía una TIR de algo menos del 17%, vinculada al riesgo país. Además, buscaba que ese porcentaje no funcionara solamente como un parámetro de referencia, sino que se transformara en una obligación contractualmente exigible al Estado Nacional.
Finalmente, el acuerdo estableció una TIR de referencia del 14,30%, sin mecanismos que puedan provocar su incremento automático.
La discusión sobre la rentabilidad formó parte de una negociación más amplia entre la compañía y el Estado, que durante los últimos años mantuvieron diferencias respecto de las condiciones económicas del contrato y su evolución frente a los cambios registrados en la actividad aeroportuaria.
El pedido por el RIGI y el cierre de la disputa judicial
La empresa también había buscado incorporar al acuerdo un tratamiento especial bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las inversiones previstas en su Plan de Inversión. Ese pedido no fue aceptado por el Gobierno, por lo que las obras adicionales contempladas en la renegociación no tendrán el tratamiento particular dentro de ese régimen.
Sumado a esto, el convenio establece que el Estado Nacional y Aeropuertos Argentina, incluidos sus accionistas, no tendrán nada más que reclamarse mutuamente por ningún concepto.
Además, la firma deberá poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato. La empresa deberá desistir del derecho que había invocado en ese proceso.
El cierre de esa causa forma parte de las condiciones acordadas para poner fin a las diferencias que se habían acumulado entre las partes. En ese sentido, la renegociación no se limita a modificar el plazo y las condiciones económicas de la concesión, sino que también busca cerrar los reclamos vinculados con el contrato vigente.
Con la renegociación formalizada, Aeropuertos Argentina continuará a cargo de la concesión bajo un nuevo esquema de obligaciones, con una fecha de vencimiento extendida hasta 2049 y la posibilidad de prolongarla hasta 2056 si cumple con las condiciones fijadas para las inversiones adicionales.