La Casa Rosada analiza reasignar partidas por $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sin comprometer el equilibrio fiscal. La propuesta genera diferencias dentro del oficialismo y se debate en medio de una nueva movilización universitaria.
El Gobierno nacional analiza introducir modificaciones en el Presupuesto 2027 para afrontar los fondos reclamados por las universidades públicas. La alternativa, que comenzó a discutirse en la mesa política del oficialismo, contempla reasignar aproximadamente $11 billones provenientes de otras partidas presupuestarias, aunque todavía no existe consenso para avanzar con la medida.
La discusión se profundizó luego de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la actualización salarial de docentes y no docentes y los fondos destinados a becas universitarias. Desde el Ejecutivo anticiparon que apelarán la sanción y cuestionaron la resolución judicial.
En la Casa Rosada sostienen que los aumentos salariales otorgados desde diciembre de 2023 representan una actualización acumulada del 226,80%, cifra que consideran suficiente para responder a las exigencias judiciales. Sin embargo, las autoridades universitarias insisten en que el Gobierno debe garantizar el cumplimiento integral de la ley aprobada por el Congreso, pese al veto presidencial.
El conflicto se desarrolla en un escenario de creciente tensión política. Mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en Estados Unidos, la oposición busca reunir el quórum necesario en Diputados para debatir la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica de la gestión libertaria. El oficialismo mantiene negociaciones con bloques aliados para impedir que avance la iniciativa.
En paralelo, gremios docentes y organizaciones estudiantiles convocaron a una nueva movilización para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. El desafío del Gobierno será encontrar una salida presupuestaria que permita responder a los reclamos del sistema universitario sin abandonar su política de déficit cero, mientras enfrenta una creciente presión judicial, legislativa y social.