El kirchnerista Aguiar, “dueño” de ATE, fue denunciado por el Ministerio de Seguridad Nacional por declaraciones golpistas, ya que instó a provocar una crisis institucional en medio del debate por la Reforma Laboral
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, se realizó por instrucción directa de la ministra, Patricia Bullrich, y quedó radicada ante la Justicia Federal.
El eje de la denuncia se basó en declaraciones públicas de Aguiar en el contexto de la inminente presentación de un Proyecto de Ley de Reforma Laboral por parte del Gobierno Nacional. Según el escrito, el dirigente sindical expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”. Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la Reforma Laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del Presidente de la Nación.
La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal de Sergio Ramos, sostuvo que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
“Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó el domingo la ministra Bullrich en sus redes sociales y el Presidente Javier Milei replicó el mensaje.
En el documento, Soto argumenta que las expresiones de Aguiar resultan “altamente reprochables” y que, al instar a provocar una crisis institucional, se estaría afectando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. El funcionario sostiene: “Deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”.
El Ministerio de Seguridad solicita a la Justicia Federal que se tenga por presentada la denuncia y que se inicie un sumario penal para investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno Nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. El pedido formal incluye la apertura de una causa penal bajo los términos de los artículos mencionados del Código Penal.
El documento concluyó con el pedido de que la Justicia Federal actúe conforme a derecho y dé curso a la investigación penal, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación de la conducta denunciada y su eventual encuadre en los delitos previstos por la legislación penal argentina.
