La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Tucumán. El Ejecutivo incrementó los recursos destinados al programa Policía Adicional mientras efectivos de la fuerza denunciaban demoras de hasta dos meses en el cobro de servicios extraordinarios, especialmente los realizados durante encuentros deportivos. La decisión abre interrogantes sobre la administración de los fondos y los plazos de pago
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÁN
El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, dispuso una ampliación de $10.000 millones en el Presupuesto General 2026 destinada al programa Policía Adicional, encargado de administrar los recursos vinculados con los servicios extraordinarios que presta personal de la fuerza de seguridad provincial.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2579/3 (SH), firmado el 19 de octubre y publicado el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial.
La decisión se conoció en medio de reclamos de efectivos policiales que denunciaron atrasos en el cobro de servicios adicionales realizados durante los últimos meses.
La modificación presupuestaria fue solicitada por la Dirección de Administración de la Policía de Tucumán y cuenta con las intervenciones de los organismos provinciales de control administrativo y presupuestario correspondientes.
Qué establece el decreto de los $10.000 millones
La disposición oficial establece un incremento de $10.000 millones dentro del programa Policía Adicional, correspondiente a la Dirección de Administración del Departamento General de Policía.
La modificación comprende dos conceptos presupuestarios:
• Fondo Policía Adicional: incremento de $10.000 millones en los recursos previstos.
• Asistencia Social al Personal: incremento por el mismo importe en la partida de gastos correspondiente.
Es importante aclarar que no se trata de dos asignaciones que suman $20.000 millones, sino de una ampliación de $10.000 millones registrada tanto en los recursos como en las erogaciones del programa.
El decreto se fundamenta en el artículo 13, inciso a, de la Ley 9942, correspondiente al Presupuesto General 2026, que permite incorporar mayores recursos y sus respectivas erogaciones bajo determinadas condiciones.
Además, establece que la decisión deberá comunicarse a la Legislatura provincial.
Policías denuncian atrasos de hasta dos meses
La ampliación presupuestaria se conoció mientras integrantes de la Policía de Tucumán expresaban su malestar por supuestas demoras en el pago de servicios extraordinarios.
Los reclamos fueron difundidos mediante redes sociales y grupos de mensajería, especialmente a través de la cuenta denominada Azules por Siempre y del portal especializado APROPOL.
Según los testimonios difundidos, algunos efectivos llevaban aproximadamente dos meses esperando la acreditación de pagos correspondientes a tareas ya realizadas.
Entre los servicios mencionados aparecen los operativos de seguridad en espectáculos deportivos, conocidos habitualmente como adicionales de cancha.
Los policías que formularon los reclamos sostuvieron que habían cumplido sus tareas y firmado las planillas correspondientes, pero que los importes todavía no habían sido depositados.
Se trata de denuncias de integrantes de la fuerza que requieren una respuesta administrativa para determinar el alcance real de los atrasos.
Qué son los adicionales policiales
Los servicios adicionales son tareas extraordinarias que realizan efectivos policiales fuera de sus funciones habituales, de acuerdo con el régimen correspondiente.
Estos servicios pueden prestarse en espectáculos deportivos, eventos públicos, actividades privadas y otros lugares donde se requiere personal de seguridad.
Su financiamiento y liquidación se realizan mediante mecanismos específicos, diferenciados de los salarios ordinarios de los policías.
Por ese motivo, las demoras denunciadas no corresponden necesariamente al pago de los haberes mensuales, sino a ingresos adicionales por servicios que los efectivos aseguran haber cumplido.
¿La ampliación significa que los policías ya cobrarán?
La publicación del decreto confirma que el Poder Ejecutivo autorizó una ampliación presupuestaria de $10.000 millones.
Sin embargo, la existencia de esa autorización no demuestra que los pagos reclamados ya hayan sido efectuados.
Para establecerlo será necesario conocer las liquidaciones realizadas por la administración policial y las fechas efectivas de acreditación.
Tampoco se desprende del decreto que la totalidad del incremento esté destinada exclusivamente a cancelar deudas anteriores.
La norma amplía los recursos y las erogaciones del programa, pero no presenta un detalle público de los servicios pendientes ni de los beneficiarios de cada liquidación.
Los interrogantes sobre el manejo de los fondos
La magnitud de la ampliación presupuestaria plantea una serie de preguntas sobre el funcionamiento del sistema de adicionales policiales.
Entre ellas, cuánto dinero se recauda por estos servicios, qué organismos o entidades los contratan, cuáles son los plazos habituales de liquidación y qué mecanismos existen para controlar los pagos.
También resulta relevante establecer si los atrasos denunciados responden a problemas administrativos, diferencias entre la recaudación y los compromisos asumidos u otras circunstancias.
Por ahora, no existe información verificada que permita atribuir las demoras a una irregularidad específica.
La publicación del decreto ofrece una oportunidad para que las autoridades expliquen el funcionamiento del programa y brinden precisiones sobre el destino de los fondos.
Una decisión que deberá conocer la Legislatura
El decreto establece expresamente que la ampliación debe comunicarse a la Legislatura de Tucumán, conforme a las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente.
El incremento se incorpora al ejercicio presupuestario 2026 y modifica los montos originalmente previstos para el programa.
La intervención legislativa prevista en la norma constituye un aspecto importante para el seguimiento institucional de los recursos públicos.
Conocer la ejecución presupuestaria permitirá establecer cuánto dinero fue efectivamente utilizado y en qué conceptos.
La necesidad de una explicación oficial
La ampliación de $10.000 millones es un hecho confirmado mediante documentación oficial.
Los atrasos en los pagos, en cambio, surgen de denuncias de efectivos policiales difundidas públicamente.
La coincidencia temporal entre ambas situaciones merece atención periodística, pero no permite concluir por sí sola que exista una relación causal directa.
Por eso, resulta importante que las autoridades provinciales informen si existen servicios adicionales pendientes de pago, a cuántos efectivos alcanzan y cuándo se regularizarían.
Mientras el Gobierno provincial amplía los recursos destinados a la Policía Adicional, permanece abierta una pregunta central: cómo se administran esos fondos y qué garantías tienen los efectivos de cobrar en tiempo y forma por los servicios extraordinarios que realizan.
La transparencia sobre la recaudación, las liquidaciones y los pagos permitirá conocer el alcance real de la medida y despejar los interrogantes planteados por los reclamos.