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“No se le va a quitar el beneficio a quien le corresponda”, aclaró el director de la Agencia Nacional de Discapacidad

A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, se comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una investigación oficial había revelado “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”. Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. En ese marco, el 19 de julio el portavoz presidencial, Manuel Adorni, denunció el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.

La medida se realiza de manera paralela a la denuncia penal que realizó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, y tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que paga el Estado, unas 500.000 podrían ser “truchas”, es decir, mal otorgadas.

Esos números surgen de un muestreo que había realizado la ANDIS sobre los expedientes a través de los cuales se accedió a la pensión. A partir del viernes se comenzó a procesar el 100% de los casos. Es decir, todos están bajo la lupa y serán dados de baja en caso de hallar inconsistencias. 

“Las estadísticas no mienten”, precisó el abogado Spagnuolo. Y cita las cifras: “Entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”. Y abunda: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.

La “auditoría parcial” que ahora será completada detallaba:

  1. ”Se encontraron casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles, así como personas que trabajaban”.
  2. Alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo”.
  3. ”El 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.

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