El vicepresidente de AETAT confirmó que suspendieron a choferes de la línea El Ceibo y que podrían sumarse otras empresas urbanas si no aparece una respuesta del Municipio
Jorge Berreta habla de situación límite del transporte público de pasajeros en la provincia, pero se hizo cargo, la semana pasada, de la Línea 131.
Durante años, el problema del transporte público se repite cíclicamente. ¿No se soluciona por problemas económicos o políticos? ¿Nadie en el Gobierno Municipal o provincial tiene el suficiente coraje para resolver el problema?
La suspensión de choferes en la línea El Ceibo encendió las alarmas en el sector, y desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) confirmaron que hoy al mediodía se realizará una reunión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para analizar la situación.
Los empresarios siempre, según ellos, están al límite, sin embargo continúan a cargo del negocio: “Lamentablemente hemos llegado a un momento crítico, extremo, límite. Hace tiempo venimos planteando reclamos y propuestas, y no hemos encontrado respuestas del municipio, que es el poder concedente del servicio”, expresó el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, en diálogo con La Gaceta.
El dirigente sostuvo que las empresas urbanas atraviesan una crisis económica más severa que las suburbanas. “Las empresas de San Miguel de Tucumán son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante. Por eso, algunas ya comenzaron con suspensiones rotativas de personal”, señaló.
Berreta explicó que la situación en la capital es más complicada por distintos factores: “Tenemos un 35% o 40% menos de pasajeros, no se puede renovar el parque móvil, y encima la ciudad está inundada de Uber y motos que compiten de manera desleal. Todo esto agrava una situación que ya era muy delicada”.
Desde AETAT plantearon al municipio la necesidad de cambiar el esquema de financiamiento del servicio, tomando como ejemplo lo que ocurre en otras provincias. “Propusimos que el sistema pase a ser por kilómetro recorrido, como sucede en Córdoba, Salta o Mendoza, donde el municipio recauda y paga al empresario por kilómetro. De esa manera se puede controlar el servicio y garantizar su sustentabilidad”, detalló.
El empresario remarcó que no se trata de un conflicto político, sino de supervivencia. “No hay amenazas ni extorsión, como se dijo. No queremos perjudicar a nadie; sólo necesitamos ver cómo seguimos adelante. Esto no tiene nada que ver con la política: es una cuestión de subsistencia para nosotros y para los usuarios”, aclaró.
Finalmente, Berreta anticipó que tras la reunión con la UTA podría haber más medidas. “Algunas empresas ya enviaron cartas documento y, si no se encuentra una solución, habrá más suspensiones. Es duro decirlo, pero es para cuidar las fuentes de trabajo y evitar un colapso total del servicio”, advirtió.
