Usurpaciones en zonas turísticas
En diversas localidades turísticas de Tucumán, como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, se han detectado casos de ocupación ilegal y venta fraudulenta de terrenos fiscales. Estas acciones han derivado en construcciones no autorizadas y en la comercialización de lotes sin respaldo legal, afectando áreas protegidas y reservas naturales.
🧑⚖️ Acciones del Gobierno Provincial
El gobernador Osvaldo Jaldo ha tomado medidas contundentes frente a esta problemática:
• Disolución de organismos: Se desarticuló la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, implicada en las irregularidades, y se transfirieron sus funciones a la Dirección General de Catastro .
• Investigaciones judiciales: Se iniciaron sumarios administrativos y se presentaron denuncias penales contra empleados y ex funcionarios involucrados en la venta ilegal de terrenos.
• Creación de unidades especiales: Se estableció la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural para supervisar y coordinar acciones legales en defensa del patrimonio provincial .
🔍 Casos emblemáticos
• Loteo “Gaucho Castro” en El Mollar: Se descubrió la venta de terrenos fiscales por parte de particulares sin autorización estatal, afectando la Reserva Natural La Angostura. Las construcciones fueron suspendidas por orden judicial .
• La Quebradita: En 2017, la provincia perdió 10 hectáreas por falta de pruebas en un juicio de prescripción adquisitiva. Actualmente, se investiga la posible recuperación de otras 45 hectáreas en riesgo .
• Condominio en Tafí Viejo: La municipalidad clausuró un proyecto inmobiliario por venta de lotes sin habilitación ni documentación técnica, alertando sobre posibles estafas a compradores .
❓ ¿Se hará justicia?
Las autoridades han manifestado su compromiso con la legalidad y la transparencia. El gobernador Jaldo afirmó: “Este gobierno no protegerá a nadie. Por el contrario, lo que queremos es recuperar los terrenos que han sido usurpados” . 
Sin embargo, la efectividad de estas acciones dependerá del avance de las investigaciones judiciales y de la voluntad política para sancionar a todos los responsables, independientemente de su posición o influencia.
