La muerte de Thiago Altamirano, el nene de dos años que falleció en Salta a raíz de graves lesiones internas, generó una profunda conmoción y abrió fuertes cuestionamientos sobre la actuación del sistema de protección de la niñez.
En medio del dolor, la familia paterna del pequeño difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó su angustia, denunció el calvario que atravesaba el niño y reclamó justicia. Además, exigieron la tenencia de su hermano menor, un bebé de 10 meses, para resguardarlo.
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña. Si bien en un primer momento la madre intentó explicar las lesiones como consecuencia de una caída, los informes médicos del Hospital Papa Francisco y del Hospital Materno Infantil revelaron un cuadro mucho más grave: el niño presentaba traumatismos previos y lesiones compatibles con reiterados episodios de violencia.
Tras confirmarse el fallecimiento, la Justicia ordenó la detención de la madre, de 19 años, y de su pareja, de 32, mientras avanza la investigación por un presunto caso de maltrato infantil.
En una carta cargada de dolor, los familiares apuntaron directamente contra la madre y su entorno. “Thiago murió en sus manos, lleno de golpes, no solo de ahora. Fue una muerte sufrida”, expresaron en el texto difundido públicamente.
Según denunciaron, desde 2025 venían advirtiendo sobre situaciones de violencia y presuntos problemas de adicciones, pero aseguran que sus reclamos no fueron atendidos. “Esto se pudo haber evitado. Hace tres meses que no podíamos verlos”, afirmaron, en referencia a los obstáculos que enfrentaban para mantener contacto con el niño.
El mensaje también describe lo ocurrido el día de la tragedia y sostiene que hubo un intento de evadir responsabilidades. De acuerdo con su versión, la madre dejó al niño en el hospital y se retiró, mientras que su pareja fue interceptada cuando intentaba abandonar la provincia. Ambos permanecen detenidos.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la presunta falta de intervención efectiva por parte de los organismos de asistencia social. “Nos quitaron el derecho de defender a Thiago. Había asistentes sociales que no hicieron seguimiento de la situación”, señalaron con indignación.
En este contexto, la prioridad de la familia es la situación del hermano menor del niño, Tobías, quien actualmente permanece bajo cuidado estatal. “Pedimos que nos den la tenencia para protegerlo. No queremos que vuelva a pasar lo mismo”, concluye el mensaje.
Mientras la causa avanza bajo la investigación judicial, el caso reaviva el debate sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y protección de la infancia, en un contexto donde las advertencias previas, según la familia, no fueron suficientes para evitar la tragedia.
