El diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin (PJ), le exige al Presidente Javier Milei obras para que el Sur de la provincia no se inunde más. La tendencia recurrente de la dirigencia política a sobreactuar demandas desde la oposición, que no logró -o no quiso- resolver desde el oficialismo
Por Facundo Vergara
¿Qué le pasa a Yedlin, perdió la memoria? El hoy Diputado nacional por Tucumán del espacio Unión por la Patria, y ex Ministro de Salud de la provincia, exigió a través de su cuenta de X al Presidente Javier Milei que se haga cargo de generar las obras públicas necesarias para que no vuelva a suceder lo acontecido en la localidad de Lamadrid.
Como es de público conocimiento, la ciudad sureña atravesó una de las peores inundaciones de la historia, producto del embate meteorológico que viene registrándose desde hace semanas en Tucumán y en gran parte del Norte del país.
La escena se repite con una precisión casi ritual en la política tucumana. Cuando ocurre una tragedia, se multiplican las declaraciones y rápidamente comienza la disputa por la responsabilidad. Esta vez -como otras tantas- el epicentro fue la localidad de Lamadrid, golpeada por las inundaciones.
Lo que exige Pablo Yedlin al presidente Milei no es descabellado: que asuma la responsabilidad de ejecutar las obras públicas necesarias para evitar que este tipo de catástrofes vuelva a repetirse. El planteo, en términos estrictamente institucionales, no es incorrecto dado que el Estado Nacional tiene un rol clave en materia de infraestructura hídrica, particularmente en obras de gran escala que exceden la capacidad financiera de las provincias.
Sin embargo, la intervención de Yedlin abre un flanco difícil de eludir. Parece ser que el Diputado se olvidó que fue parte -y lo sigue siendo– de un espacio político que a nivel nacional estuvo en el poder y tuvo la oportunidad de llevar adelante las obras públicas necesarias para dar solución a un problema que lleva décadas sin resolverse.
Cada año, en la época estival tucumana, las precipitaciones generan preocupación en la población de las localidades del sur provincial, principalmente en Lamadrid, ya que ningún Gobierno de turno, ni provincial ni nacional, tomo la decisión de hacerse cargo de la cuestión. Otra vez, hubieron manifestaciones de intenciones con tinte “marquetinero político barato” que quedaron en el vacío. Abundaron promesas que se esfumaron rápidamente, en tanto la ciudadanía afectada continúa ansiosamente a la espera de soluciones concretas.
Si algo caracteriza al problema de las inundaciones, en el Sur tucumano, es su carácter estructural. No se trata de un evento aislado ni imprevisible, sino de una problemática histórica, reiterada año tras año durante la temporada de lluvias. El cuestionamiento es inevitable: ¿qué hicieron quienes hoy reclaman, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar?
Yedlin no es un outsider ni un recién llegado a la función pública. Su trayectoria dentro del peronismo tucumano -con fuerte anclaje en la gestión durante los gobiernos alineados con Juan Luis Manzur– lo ubica como parte de una estructura política que administró durante años tanto la provincia como, en distintos períodos, el Estado Nacional. Es decir, formó parte de un espacio que tuvo la oportunidad concreta de planificar, financiar y ejecutar las obras que hoy reclama.
La crítica no apunta únicamente a una persona, sino a una lógica más amplia, es decir, la tendencia recurrente de la dirigencia política a sobreactuar demandas desde la oposición, que no logró -o no quiso- resolver desde el oficialismo.
En el caso de Tucumán, esta dinámica se vuelve especial y recurrentemente evidente. Cada verano, las lluvias intensas activan las alarmas en el Sur provincial; cada verano, las respuestas oficiales se limitan a anuncios, recorridas y promesas que rara vez se traducen en soluciones estructurales.
Así las cosas, el resultado es un círculo vicioso de alta previsibilidad; es como si fuera una fórmula patentada: emergencia, asistencia, declaración y olvido. Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan expuestas a un riesgo que ya no puede considerarse extraordinario, sino parte de una normalidad precaria.
En ese marco, el reclamo dirigido al Gobierno de Javier Milei se lee como un gesto político más que como una autocrítica necesaria. Porque si bien es cierto que la actual Administración tiene la obligación de actuar frente a la emergencia, y proyectar soluciones a futuro, también lo es que la ausencia de infraestructura adecuada es el resultado de décadas de desinversión y falta de planificación sostenida.
La situación de Lamadrid, en definitiva, expone algo más profundo que una coyuntura climática adversa; en tal sentido revela la persistencia de un déficit estructural en la gestión de la obra pública, atravesado por ciclos políticos que privilegian la urgencia sobre la previsión, y en ese terreno, las responsabilidades son compartidas, aunque no siempre reconocidas.
Quizás, el desafío tanto para el Diputado Yedlin, como para buena parte de la dirigencia, no sea solo exigir respuestas al presente, sino también hacerse cargo del pasado; porque sin esa revisión crítica, el riesgo es que las inundaciones sigan siendo, además de un problema hídrico, un síntoma recurrente de la inconsistencia política.
