La presentación contra César González describe hechos que habrían ocurrido durante más de siete años. Los abogados de la denunciante solicitaron medidas de protección y una prohibición de acercamiento.
El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán, César González, fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado. Según publicó Contexto Tucumán, el legajo tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género, a cargo del fiscal Gonzalo Rodríguez.
La denunciante cuenta con el patrocinio de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. De acuerdo con la presentación reseñada por ese medio, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían prolongado durante más de siete años, en un contexto de dependencia laboral y económica.
Según la acusación, González habría condicionado la regularización del trabajo de la mujer a requerimientos sexuales. Ante sus negativas, sostiene la denuncia, se habrían producido represalias económicas, entre ellas retenciones y demoras en los salarios, postergación de aumentos y restricciones arbitrarias para acceder a licencias. Estos señalamientos constituyen la versión de la parte denunciante y deben ser investigados.
El escrito también atribuye presiones relacionadas con la cobertura médica de un familiar con discapacidad. Según la presentación, ese escenario habría derivado en una renuncia forzada y consecuencias sobre la salud psicofísica de la mujer.
Los abogados solicitaron una prohibición de acercamiento de al menos 300 metros, además de una orden para impedir actos de hostigamiento o intimidación, tanto directos como a través de terceros. También pidieron que la declaración de la denunciante se reciba mediante Cámara Gesell y que se formalice su intervención como querellante particular. La información difundida da cuenta de esos pedidos, sin confirmar que hayan sido concedidos.
El Federalista informó que, al cierre de su publicación, no constaba un descargo público del dirigente. La denuncia no constituye una sentencia ni acredita por sí misma los hechos atribuidos: la responsabilidad de González deberá determinarse en el proceso judicial, con respeto a su presunción de inocencia.