A pesar de tener sentencia desde el 2022, la desvinculación formal del policía Mariano Vizcarra se produjo recién ahora, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto correspondiente, firmado por el Gobernador Jaldo
A punto de cumplirse cuatro años del asesinato del odontólogo Edgardo Marcial, el oficial de la Policía de Tucumán que fue condenado a 15 años de prisión, por el crimen, fue finalmente exonerado de la fuerza.
Así lo establece el Decreto N°2.811/7, firmado el pasado 22 de septiembre por el gobernador Osvaldo Jaldo y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El caso conmocionó a la provincia: el 13 de noviembre de 2021, Marcial fue asesinado por el entonces oficial subayudante Mariano Manuel Vizcarra, en el interior del automóvil del odontólogo, durante una discusión. Tras el crimen, Vizcarra ocultó el cuerpo en un barranco de Villa Padre Monti, donde fue hallado días después.
Vizcarra se entregó a la Justicia, confesó el crimen y en julio de 2022 fue condenado a 15 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
Pese a la gravedad de los hechos y la condena judicial, la exoneración formal del acusado no se había concretado hasta ahora. El decreto publicado este lunes cierra la investigación administrativa y aplica la sanción máxima prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP): la exoneración.
Según el decreto, Vizcarra fue apartado de la fuerza “por haber transgredido con su conducta lo previsto en el Capítulo II, artículo 14, incisos a) y b) del RRDP”, que contempla las faltas de carácter gravísimo, en este caso, la comisión de un delito doloso con pena privativa de libertad.
El proceso administrativo comenzó tras la autodenuncia del propio Vizcarra, quien se presentó ante la Justicia confesando el crimen. En ese momento fue pasado a disponibilidad, y se inició un sumario administrativo. Con el tiempo, y luego de diversas actuaciones judiciales y dictámenes internos de la Policía y del Ministerio de Seguridad, se consolidó la sanción disciplinaria.
Entre los documentos que respaldan la medida figuran informes de la Unidad Fiscal de Homicidios, actas de declaración, planillas prontuariales, y la sentencia condenatoria, la cual fue modificada posteriormente a una pena de 13 años y 6 meses de prisión, también de cumplimiento efectivo.
El decreto fue refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario de Estado de Seguridad, Gustavo Vizcarra, y establece que la sanción de exoneración solo puede aplicarse por decisión del Poder Ejecutivo, como finalmente ocurrió.
