La defensa de la expresidenta recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad y pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El equipo jurídico analiza, además, un argumento técnico sobre las PASO y toma como antecedente el caso de Lula da Silva.
La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir electoralmente en 2027 abrió un nuevo capítulo de la disputa política y judicial. La estrategia de su defensa ya no se limita a cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad: también apunta a obtener, en el ámbito internacional, la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires, los abogados de la expresidenta —Carlos Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego— explicaron los alcances de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
El planteo internacional fue impulsado luego de que la defensa considerara agotadas las instancias judiciales en la Argentina tras los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que organismos internacionales revisen las garantías del proceso y evalúen las consecuencias de la condena que impide a Cristina Kirchner ejercer cargos públicos.
Tres pedidos urgentes ante la ONU
La presentación incluye tres solicitudes de carácter cautelar. La primera busca suspender la inhabilitación política que pesa sobre la expresidenta. La segunda apunta a revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y la tercera plantea un pronunciamiento relacionado con la composición del máximo tribunal argentino.
La defensa sostiene que una eventual intervención del Comité de Derechos Humanos podría producir efectos antes de que exista una resolución definitiva sobre el fondo del reclamo. De acuerdo con los abogados, mientras una decisión final podría demandar años, las medidas urgentes podrían ser analizadas en un plazo considerablemente menor.
El punto es central para el escenario electoral: si la inhabilitación fuera suspendida, se modificaría el marco jurídico desde el cual se evalúa una eventual candidatura de Cristina Kirchner.
El argumento de las PASO: el resquicio que analiza la defensa
La estrategia jurídica incorpora, además, una interpretación sobre el funcionamiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El exjuez Javier Borrego planteó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos no necesariamente debería impedir la participación en una instancia destinada a definir candidaturas.
“Cristina Fernández de Kirchner tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero las PASO no son para elegir eso”, sostuvo el abogado durante la exposición.
El argumento parte de una distinción jurídica: las PASO constituyen una etapa de selección de candidaturas dentro del proceso electoral, mientras que la asunción de un cargo público se produce posteriormente, tras las elecciones generales.
Desde esa interpretación, la defensa sostiene que la inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad no debería impedir por sí misma que Cristina Kirchner participe de una primaria. Sin embargo, se trata de la interpretación jurídica planteada por sus abogados y no de una habilitación electoral vigente.
La eventual viabilidad de esta estrategia dependerá, entre otros factores, de la respuesta que reciban los planteos internacionales y de cómo interpreten las autoridades electorales y judiciales argentinas el alcance de la inhabilitación.
El antecedente de Lula da Silva
El equipo jurídico también recurrió al antecedente de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Rafael Valim, quien participó de la defensa del actual presidente brasileño durante el proceso vinculado al caso Lava Jato, sostuvo que los organismos internacionales de derechos humanos pueden intervenir cuando un Estado vulnera garantías fundamentales.
La defensa de Cristina Kirchner busca utilizar esa experiencia como referencia para sostener que una sanción política de carácter permanente puede ser revisada cuando existen cuestionamientos vinculados con el debido proceso y los derechos políticos.
El planteo, sin embargo, no implica que el caso argentino vaya a tener necesariamente el mismo desenlace que el brasileño. El antecedente es presentado por los abogados como un elemento de respaldo para su estrategia ante los organismos internacionales.
La denuncia de proscripción y lawfare
Durante la conferencia, los abogados calificaron el proceso judicial contra Cristina Kirchner como un caso de persecución política y denunciaron la existencia de una estrategia destinada a impedir su regreso a la competencia electoral.
Borrego sostuvo que existe una “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción” y afirmó que el trasfondo de la condena sería apartar a la exmandataria de futuras elecciones.
La defensa también incorporó al expediente declaraciones públicas de dirigentes políticos con el objetivo de sustentar su hipótesis de persecución política o lawfare. A ese planteo agregó una denuncia por un presunto sesgo de género en el desarrollo del proceso judicial.
Estos argumentos forman parte de la posición de la defensa y deberán ser evaluados por el organismo internacional correspondiente.
La respuesta de la ONU, una pieza clave para 2027
El factor tiempo puede resultar determinante. Una resolución definitiva del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el fondo del caso podría demorar varios años, mientras que la defensa apuesta a obtener antes una respuesta sobre las medidas cautelares solicitadas.
Si el organismo internacional aceptara intervenir de manera urgente y dispusiera la suspensión de la inhabilitación, el escenario electoral podría cambiar sustancialmente.
En ese caso, el debate pasaría a concentrarse en una cuestión concreta: si Cristina Kirchner podría utilizar esa eventual suspensión para participar de las PASO y competir por una candidatura presidencial en 2027.
Por ahora, esa posibilidad no está jurídicamente habilitada. La estrategia de la defensa busca precisamente abrir esa puerta mediante una combinación de reclamo internacional e interpretación del sistema electoral argentino.
El resultado de esa ofensiva será relevante no solo para el futuro político de Cristina Kirchner, sino también para la reorganización del peronismo de cara a 2027. Una eventual candidatura de la expresidenta modificaría el tablero interno del PJ y obligaría a redefinir las estrategias de dirigentes que ya comenzaron a posicionarse para la próxima contienda presidencial.