La Jueza Jimena Suárez concedió el beneficio a Gordillo, expareja del principal sospechoso, pese a la oposición de la Fiscalía. Para salir del penal, deberá pagar $100 millones y usar tobillera electrónica. La madre de la víctima fue expulsada del recinto tras protestar por el fallo
La causa por el femicidio y posterior ocultamiento del cuerpo de Érika Antonella Álvarez sumó un capítulo de alta tensión en los tribunales tucumanos. En una audiencia que terminó con gritos e incidentes, la Jueza Jimena Suárez resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Justina Gordillo, la empleada judicial acusada de encubrir el brutal crimen.
El hecho ocurrió el pasado 7 de enero, cuando Érika fue vista con vida por última vez al concurrir a la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa. Según la reconstrucción fiscal, la joven fue asesinada a golpes en ese domicilio y, al día siguiente, su cuerpo fue hallado abandonado en un descampado del barrio Manantial Sur.
Sosa —imputado como autor material del homicidio y capturado tiempo después en Buenos Aires— mantenía una relación con Gordillo, quien se desempeñaba dentro del Poder Judicial. La mujer fue detenida en febrero, señalada por la investigación como la responsable de desplegar diversas maniobras para borrar huellas, entorpecer el proceso y proteger al presunto asesino.
Tras más de seis meses de reclamos de sus abogados defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, la magistrada dio luz verde al pedido de morigeración de la prisión preventiva, en contra del criterio expuesto por la Fiscalía y la querella. Para hacer efectivo el beneficio y abandonar el establecimiento carcelario, Gordillo deberá cumplir con dos exigencias: depositar una caución de $100 millones de pesos y someterse al monitoreo permanente mediante una tobillera electrónica.
La resolución provocó una inmediata y dramática reacción en la sala. La madre de Érika protestó a viva voz contra la decisión judicial, denunciando privilegios en favor de la imputada por su condición de empleada judicial, lo que derivó en que fuera desalojada del recinto por las fuerzas de seguridad.
El fallo se conoce en una etapa decisiva para la investigación, ya que la causa se encamina a ser elevada a juicio oral y público.