En los políticos de Argentina, la legalidad -estricto cumplimiento de las normas escritas y el marco jurídico vigente- no va de la mano de la legitimidad -aceptación, justicia y justificación ética o moral de esas normas-
Por SIN CODIGO
En la Argentina de los atajos morales, la condena judicial no siempre implica retiro, silencio ni mucho menos arrepentimiento. Al contrario: pareciera ser apenas un detalle administrativo en la carrera de ciertos dirigentes que, aun con sentencias firmes, continúan orbitando el poder, dando lecciones de ética y hasta proyectando futuros electorales. Una postal que erosiona cualquier intento serio de construir credibilidad institucional.
El caso del tucumano José “Mellizo” Orellana sintetiza esa lógica con crudeza. Intendente de Famaillá en múltiples oportunidades, diputado nacional y legislador provincial, su trayectoria política fue siempre de la mano de su hermano Enrique “Mellizo” Orellana, en un esquema que roza lo dinástico. Durante décadas, ambos se alternaron cargos y poder en una ciudad que terminó funcionando más como feudo que como municipio. A ese entramado se suma la actual senadora nacional Sandra Mendoza, esposa de José, completando un círculo donde la política parece asunto de familia.
Pero el dato más grave no es el nepotismo sino la condena. Acusado de abuso sexual simple por una secretaria durante su paso por el Congreso, Orellana atravesó todas las instancias judiciales sin abandonar la escena política. Recién en 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia —tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos— se vio obligado a renunciar a su banca como legislador provincial. Hasta ese momento, la condena no había sido un límite sino una molestia burocrática.
Hoy, fuera de la función pública, Orellana se presenta como disertante en liderazgo. La pregunta no es si puede hacerlo —legalmente puede— sino si resulta aceptable que alguien condenado por un delito de abuso se erija en guía moral o referente de conducción. No es un problema jurídico: es un problema ético y cultural.
El fenómeno no es aislado. La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada y cumpliendo prisión -en su casa-, continúa ejerciendo la presidencia del Partido Justicialista y mantiene centralidad en la vida política nacional. Sus seguidores hablan de proscripción, sus detractores de impunidad. Pero el dato objetivo es otro: incluso en esa condición, la influencia política no se diluye, se reconfigura.
La Argentina ha naturalizado una peligrosa disociación entre legalidad y legitimidad. Se puede estar condenado y seguir conduciendo. Se puede haber sido hallado culpable y, aun así, dar cátedra. Se puede incumplir el estándar ético más básico y, sin embargo, sostener poder.
El problema no es solo de los dirigentes. También interpela a una sociedad que tolera, relativiza o incluso justifica estas conductas según la camiseta política. Porque mientras la vara moral sea selectiva, la impunidad seguirá encontrando refugio.
Quizás haya llegado el momento de exigir algo más que el cumplimiento mínimo de la ley. Porque gobernar —o pretender hacerlo— debería implicar un estándar superior. Y porque no todo lo legal es legítimo.
Argentina, una vez más, parece empeñada en confirmar su propia paradoja: un país donde las condenas no siempre condenan. Argentina, no lo entenderías. Argentina, un país generoso.
