La intendente cuestionó la dedicación de los jueces y reclamó explicaciones sobre las causas pendientes. Desde el organismo rechazan la auditoría municipal, denuncian falta de recursos y advierten sobre avances del Ejecutivo contra su autonomía
La relación entre el Ejecutivo de San Miguel de Tucumán y el Tribunal Municipal de Faltas atraviesa un fuerte enfrentamiento. Las diferencias sobre el funcionamiento del organismo se profundizaron con una auditoría que señaló demoras en la resolución de expedientes, mientras los magistrados cuestionan el procedimiento y responsabilizan al municipio por deficiencias que, aseguran, dificultan su trabajo.
Rossana Chahla volvió a apuntar contra los jueces y sostuvo que cumplen jornadas de cuatro horas. Según explicó, su administración propuso ampliar la dedicación con una mejora salarial y bloqueo de título, pero la alternativa no fue aceptada. También afirmó que las reuniones con las autoridades del Tribunal estuvieron centradas en pedidos de aumentos.
La intendenta defendió la digitalización y la descentralización de trámites, como la obtención del libre deuda municipal por canales electrónicos. Además, aseguró que no recibió una propuesta de los magistrados para reformar el Código de Faltas y reclamó información sobre los expedientes archivados y prescriptos.
Una auditoría en el centro de la disputa
El relevamiento de la Contaduría General municipal sobre el ejercicio 2024 detectó un elevado porcentaje de actuaciones pendientes, dificultades para reconstruir expedientes y fallas en el seguimiento administrativo de las infracciones.
Según la documentación difundida por Tendencia de Noticias, alrededor del 84% de los casos de la muestra examinada permanecía sin resolución. Esa publicación aclaró que el porcentaje corresponde al universo auditado y no debe extrapolarse automáticamente a la totalidad de las causas.
Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Municipal para establecer eventuales responsabilidades. Se trata de observaciones administrativas cuya evaluación debe continuar: por sí solas, no constituyen una declaración judicial de culpabilidad de los magistrados.
Los jueces responden: problemas informáticos, falta de personal y actas defectuosas
El presidente del Tribunal, Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, rechazó la validez formal de la auditoría. Sostuvo que los juzgados no fueron notificados de su inicio y que las conclusiones omiten problemas estructurales comunicados reiteradamente al municipio.
Entre esas dificultades mencionó programas informáticos antiguos, insuficiencia de personal capacitado y falta de equipamiento. También cuestionó errores en las actas confeccionadas por dependencias municipales, que pueden provocar su nulidad y obstaculizar el trámite de las infracciones.
Desde el organismo remarcan que su función incluye garantizar el derecho de defensa de los vecinos y controlar la legalidad de las actuaciones. Lizondo Ruiz reclamó, además, modernizar el Código de Faltas vigente desde 1982 y preservar la autonomía funcional del Tribunal.
La pelea salarial que agravó el enfrentamiento
Otro punto de tensión fue la derogación del régimen que equiparaba las remuneraciones de los jueces con las de secretarios municipales, mientras los magistrados reclamaban judicialmente diferencias salariales.
En una presentación institucional de agosto, Lizondo Ruiz calificó esa decisión como una represalia y acusó al Ejecutivo de utilizar sus atribuciones para presionar económicamente al organismo. También advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas y penales, planteos que corresponden a la posición del Tribunal y no a delitos acreditados.
Aunque posteriormente se informó el restablecimiento del régimen salarial, las diferencias continuaron.
El enfrentamiento deja abierta una discusión central para la Capital: cómo mejorar la resolución de las infracciones, determinar las responsabilidades por las demoras y garantizar que los vecinos puedan realizar sus trámites con rapidez y ejercer su derecho de defensa.