La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena contra el ex fiscal Carlos Albaca marca un nuevo capítulo en una de las historias más oscuras de la Justicia tucumana
A casi veinte años del asesinato de Paulina Lebbos, el Máximo Tribunal del país ratificó la responsabilidad penal de quien tenía la obligación de investigar el crimen y terminó condenado por encubrirlo.
La resolución tiene un enorme peso institucional. No se trata de un funcionario cualquiera. Albaca fue durante años uno de los fiscales más poderosos de Tucumán y estuvo al frente de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006.
La Justicia determinó que durante su actuación hubo graves irregularidades, pistas que no fueron investigadas, pruebas que se perdieron y medidas fundamentales que nunca se realizaron. Por esos hechos fue condenado a seis años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Ahora, con la intervención de la Corte Suprema de la Nación, esa condena quedó definitivamente firme.
El caso Lebbos se convirtió con el paso de los años en un símbolo de la impunidad en Tucumán. Mientras el asesinato de la joven estudiante continúa sin condenados por el crimen en sí mismo, la Justicia sí logró demostrar la existencia de una trama de encubrimiento que involucró a funcionarios policiales y judiciales de alto rango.
La confirmación de la condena contra Albaca representa, para la familia Lebbos, una reivindicación después de dos décadas de lucha ininterrumpida. Alberto Lebbos, padre de Paulina, recorrió durante años tribunales, organismos nacionales e internacionales denunciando las irregularidades que rodearon la investigación.
Sin embargo, la noticia deja una sensación ambigua. Por un lado, existe una condena firme contra quien debía investigar el caso. Por otro, el interrogante central permanece sin respuesta: ¿Quién asesinó a Paulina Lebbos?
Esa pregunta sigue abierta veinte años después.
La causa se transformó en un espejo de las profundas falencias que durante años afectaron a las instituciones tucumanas. La condena de Albaca demuestra que existió encubrimiento, pero también evidencia que la verdad completa todavía no ha sido alcanzada.
La decisión de la Corte Suprema nacional no devuelve el tiempo perdido ni repara el dolor de una familia. Pero deja un mensaje contundente: incluso quienes ocupan los cargos más altos dentro del sistema judicial pueden ser responsabilizados cuando incumplen su deber.
Veinte años después, el nombre de Paulina Lebbos sigue siendo una herida abierta para Tucumán. Y la confirmación de esta condena vuelve a recordar que la búsqueda de justicia nunca debió haber sido tan larga.
